La presencia o ausencia de policías y la existencia de kioscos de venta de droga en algunos barrios incrementan -según la reciente encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA- la sensación de inseguridad que trepó desde un 68,4 por ciento en 2004 a un 83 por ciento en 2010. Sensación que, comparada con los índices de victimización, resulta abismalmente superior. En 2004, el 21,7 por ciento de los hogares fueron víctimas de delito, mientras que en 2010 llegó al 30,9 por ciento. A todo esto hay que agregar como perspectiva de análisis la colocación de cámaras de vigilancia que, tanto en Olavarría como en zonas del Conurbano, son concebidas fundamentalmente como elementos de prevención. En ese sentido, Héctor Vitale, secretario de Jefatura de Gabinete, evaluó que "sirven sobre todo para prevención en determinadas zonas de la ciudad y, en el microcentro, permiten disminuir los conflictos que usualmente se daban a la salida del boliche".

Sobre lo que no aparecen datos concretos en la ciudad es sobre el volumen de casos judiciales en los que las cámaras hayan servido realmente como elemento de prueba. "Los fiscales suelen pedir imágenes e incluso han venido al centro de monitoreo a observar determinadas filmaciones. Pero después no sabemos qué resultado tienen en las causas judiciales", agregó. En la ciudad hay hasta ahora 80 cámaras a las que, según anunció el funcionario, se agregarán otras 60.

En los municipios del Conurbano bonaerense hay en la actualidad 3.832 cámaras y sólo en uno cada 20 casos se consiguió esclarecer un hecho, según una nota publicada en el diario Clarín en su edición del jueves. Y de la misma información surge que en algunos países, como Inglaterra, por ejemplo, hay una cámara cada 14 personas y su eficacia es mínima. Allí se resuelve un caso cada 1.000 al año a partir de la utilización judicial de sus imágenes.

Pero no sólo basta preguntarse si se previenen realmente hechos delictivos o se utilizan las imágenes como elemento probatorio en las causas. Sería fundamental -aunque esta información es guardada en un cofre secreto bajo numerosas llaves- saber si se trata de delitos bagatelares o de delitos importantes. ¿Sirvieron, acaso, para evitar el robo al Palacio Belgrano? ¿Sirvieron tal vez para evitar el crimen de Olga Serantes? ¿De Mairel Mora? ¿Previnieron quizás el violento asalto cometido en octubre en Pueblo Nuevo? Eso sí: cabría saber por qué motivo ciertas imágenes fueron entregadas a medios periodísticos para su difusión, cuestión ética y legalmente dudosa.

Relaciones

Para entender la relación cantidad de habitantes-cámaras no basta con observar el número concreto de cámaras por municipio. Porque a la hora de medir las cantidades es indudable que Tigre queda, junto a San Isidro a la cabeza pero es necesario, para entender claramente su impacto, compararlo con el número de habitantes. En ese sentido, San Isidro tiene 700 cámaras que implican un total de una cada 95 habitantes. Y Tigre, que contabiliza 669, tiene verdaderamente 450 por habitante. En el caso puntual de Olavarría, actualmente 1.387 por cabeza y cuando complete las 140 anunciadas, llegará a 792 por habitante.

A la hora de analizar la sensación poblacional de inseguridad, el crecimiento exponencial se da con un particular énfasis en los estratos sociales más golpeados socioeconómicamente. En este sentido, la comparación entre 2009 y 2010 reporta detalles más que interesantes y que deberían obligar a las instituciones a interrogarse en profundidad.

En modo global, los hogares víctimas de delito crecieron entre ambos años en un 5,1 por ciento. Pero si esto se analiza según el estrato social de pertenencia, las cosas cambian. En los sectores más marginales y vulnerados en sus derechos trepó al 8,6 por ciento (estratos muy bajos). Porcentaje que carga con la mayor responsabilidad en el número promedio porque en los sectores bajos subió apenas en un 0,1 por ciento; en los medio bajos, en un 2,9 por ciento; y en los medio altos, en un 3,6 por ciento.

En cuestión de franjas etarias, la más afectada por el padecimiento de delitos es la que va de 18 a 34 años que pasó en 2009 con un 31,1 por ciento a un 33 por ciento en 2010. Pero la edad en donde más se incrementó la victimización fue en la que supera la barrera de los 60 con un 6,2 por ciento de incremento.

A la hora de bosquejar la sensación los porcentajes trepan en modo más que notorio. En los sectores más bajos subió en un 9,7 por ciento contra un 0,9 por ciento en los bajos; un 3,6 en los medio bajos; y 0,3 en los medio altos.

Pero el dato saliente es que la sensación llega a triplicar la concreción real de delitos.

Sin protección

Cuando estos datos se entrecruzan con la presencia de kioscos de venta de droga en determinado barrio se suma además un elemento extra que coadyuva para el crecimiento de sensación de inseguridad. Una cuestión en la que reiteradamente aparece en el imaginario la posible conexión del tráfico de drogas con integrantes de determinados brazos del Estado.

Si a esto se suma, como ocurrió en Olavarría puntualmente, una serie de denuncias como las que se volcaron durante el juicio por el crimen del penalista Marcos Alonso acerca de ese tipo de vínculos, ciertos temores se incrementan.

Porque, en definitiva, existe la clara noción de que cuando se llega a esos presuntos niveles de organización no hay protección ni cobijo posible.

Y en tren estadístico, la presencia o ausencia de estos puestos de dealers modifica la sensación. En modo global, la sensación es 14 puntos menor en aquellos barrios en donde el vecindario no detecta la existencia de tráfico. Con algunos extremos de interesante análisis: en los sectores medio altos es 15,7 por ciento menor; en las zonas urbanas con necesidades económicas medias, 16,8 por ciento medio. En donde esa distancia se achica notoriamente es en las villas o asentamientos. Allí la sensación disminuye en un 4,7 por ciento en donde no se detecta venta de drogas.

Angustias

Cuando a partir de la década del 90 se incrementó la sensación de inseguridad en la población, se incrementaron determinados negocios que llegaron para quedarse: la multiplicación de casas enrejadas, de sistemas de alarma, de cámaras de seguridad, de agencias privadas del rubro. Y además, también, ciertas patologías ligadas a la problemática. El psicólogo Sergio Sáliche, de Red Asistencial de Buenos Aires, plantea que "la ansiedad persistente genera una angustia que, no tratada, se puede convertir en angustia pánica, lo que amenaza con desintegrar al yo que nos permite interactuar con los otros. El descreimiento en las instituciones, como la Justicia, la educación o la salud pública, refuerzan esa sensación de inseguridad. Sentirse desprotegido hace crecer la angustia a niveles insoportables, lo que gesta el presentimiento de que algo catastrófico va a suceder, pero que no se puede ubicar en tiempo ni en espacio".

Pero en este territorio hay un planteo de base que sigue sin hacerse. Ni desde la sociedad, ni desde sus instituciones y, menos aún, desde los medios periodísticos. Porque, en definitiva, la cuestión seguridad/inseguridad continúa asumiéndose siempre y únicamente en relación a la propiedad privada y a la defensa social. Defensa que se asume -diría el criminólogo Alessandro Baratta- principalmente en dos vías: la consolidación y profundización represiva del sistema penal y la incorporación de ciertas estrategias ligadas a la prevención del delito. Pero que olvidan, por ejemplo, que una enorme porción de las prácticas delictuales eligen concienzudamente otro tipo de víctimas a las que se mata o se lesiona desde el entorno afectivo más cercano o desde alguno o varios brazos del Estado. Y esto último, por sistemática acción u omisión.