Después de una primera instancia de negociaciones, los okupas del Pirayuí pidieron tiempo para llevar adelante un censo propio y estudiar alternativas después de la propuesta planteada por las empresas inmobiliarias.

En paralelo, siguen de cerca el proyecto de expropiación planteado por la diputada Sonia López que ayer tomó estado parlamentario en la Cámara baja.

“Nos estamos preparando para movilizarnos hasta la Legislatura y apoyar el proyecto de expropiación”, señaló ayer a la tarde una de las delegadas de las tierras usurpadas hace casi tres semanas.

En relación a las negociaciones, precisó que “la última novedad que tuvimos fue la propuesta inmobiliaria de vender los terrenos de 10 x 20, en 120 cuotas de $300, con un interés interanual de 8%”.

“Después de esa oferta, solicitaron un cuarto intermedio de 15 días para analizar alternativas”, precisó Ely Escato, una de las mujeres que tomó un lote en la zona del Pirayuí.

Explicó que los okupas no están dispuestos a pagar 120 cuotas de 300 pesos, con interés del 8 por ciento anual, “es mucha plata, es por eso que planteamos una tarifa social”, explicó.

Es por ese motivo que los delegados están estudiando una contrapropuesta con tarifa social de entre 100 y 150.

Asimismo trabajan en un relevamiento, puesto que la Justicia dice que hay 680 familias y el sector de Castells unas 1.200, y consideran necesario tener cifras propias.

“Lo seguro es que son más de 600 familias porque mucha gente tuvo miedo a dar sus datos”, aseveró Escato.

“Lo cierto es que, por ahora, no se llegó a nada concreto. La oferta de las inmobiliarias es una barbaridad de plata. Quedamos en avanzar con el censo y en ese marco consultar cuánto estarían dispuestos a pagar, y de esta manera establecer la contrapropuesta”, postuló.

Negociaciones

El mediador judicial Alejandro Botini dialogó con El Litoral y confirmó que están en un impasse en las conversaciones, a la espera del resultado que arroje el relevamiento que están haciendo los delegados.

“Las negociaciones están abiertas, después del ofrecimiento de las empresas, el conjunto de delegados pidió 15 días para analizar la propuesta”, sostuvo.

Precisó que el primer informe policial dio un número de familias, luego el relevamiento judicial sumó un total de 680, “y sabemos que los referentes de Castells contabilizaron 1.200 firmantes para apoyar el proyecto de expropiación.

En definitiva, no coinciden los números, por eso la jueza puede disponer otro censo para constatar los números”, explicó Botini.

Anticipó que cuando tengan los números clarificados, “continuarán las negociaciones porque la oferta empresarial también gravita de acuerdo a la cantidad de familias instaladas en los terrenos”, sostuvo.

De esta manera ratificó que seguirán trabajando en una salida negociada, “después de la propuesta nos tomamos unos días, mientras tanto las familias están pendientes de lo que sucede en la Legislatura, en ese ínterin avanzan en el censo y en una posible contrapropuesta”.