Sólo quien ha sido perjudicado por una usurpación puede ponerse del lado de la verdadera víctima de la situación, para entender lo que significa que esa tierra, quizá pagada en cuotas y con enorme esfuerzo, esté en poder de otro. Aunque no lo asista la ley, el usurpador tiene en sus manos la propiedad, y no hay justicia que devuelva los años en los cuales el dueño no pudo construir ni disfrutar de lo que había comprado.

Quizá cuando su tierra le sea devuelta, el propietario sentirá que su momento de construir ya ha pasado. O si se trata de una casa, a esa altura sus hijos ya se habrán criado bajo el techo de otro. Ese que era un okupa, al que algunos miraban hasta con un dejo de admiración, o con la justificación silenciosa de que llegó a ese extremo asistido por la necesidad, le quitó lo que más quería: su tierra.

En esta ciudad, la ocupación de tierra ya es endémica: hay personas que ni siquiera salen de vacaciones pensando en que al volver pueden encontrar su casa ocupada, y que entonces deberán iniciar un tortuoso camino legal para recuperar lo que de hecho les pertenece. Porque la demora de justicia es extrema, y hay fiscalías que duermen los expedientes hasta el momento de su prescripción. Es así.

Y esta desidia no hace más que alentar al usurpador, que toma coraje para la maniobra sabiendo que, en última instancia, nada sucederá. Se seguirá la frase de rigor: “una vez que estás adentro, no te saca nadie”.

Mar de Plata brinda condiciones óptimas: una enorme cantidad de casas destinadas a la temporada estival permanecen cerradas durante el resto del año. Algunas son inversiones familiares; otras, herencias que esperan trámites sucesorios. Muchas, propiedades de personas que vienen cada año, si pueden afrontar el resto de los gastos de las vacaciones, ya que no es tan sencillo en este momento tomarse unos días.

También sucede que hay barrios más castigados que otros. Punta Mogotes y Colinas de Peralta Ramos, por ejemplo, son los señalados como de más fácil ocupación. Otros casos son las casas de veraneo de Los Acantilados, o Playa Serena.

Hace algún tiempo, la municipalidad misma salió a los medios a alertar sobre la masiva ocupación de terrenos que se llevaba a cabo en barrios periféricos o parquizados, sobre los cuales se depositaba el mito de que eran tierras fiscales. Al respecto se aclaró que no se trataba de tal condición: se estaban realizando apropiaciones de terrenos privados. Tal fenómeno se sigue perpetrando día tras día. Y son más y más los que acuden a la denuncia municipal, policial y judicial, creyendo que su casa o su tierra le serán inmediatamente restituidas, simplemente porque le pertenecen.

Un botón

Pero nada es tan así, y ser el legítimo dueño parece no ser suficiente para más o menos nada. Es necesario alejar los fantasmas que llevan a creer que se trata de pobres que usurpan terrenos ante la imposibilidad de acceder a la compra de uno propio para construir. No es de eso que se trata en esta nota: se habla de verdaderas bandas articuladas que han hecho un suculento negocio de la usurpación permanente. A esto se suma que no todos los afectados están en condiciones de pagar abogados y recorrer el sinuoso camino judicial, que tampoco garantiza un final justo.

La causa que hoy se expone no es más que una pequeña muestra, que sin embargo debió ser parte de una mega causa por usurpación: la que se debió llevar a cabo si realmente se hubiera seguido el camino más eficaz, que consistía en investigar una enorme cantidad de usurpaciones en conjunto, para así poder lograr establecer quiénes son los que participan de varios delitos semejantes, y por ende nada casuales.

Los hechos se desencadenaron cuando María Ester Di Costa dejó de recibir las boletas de pago de servicios y tasas de un terreno que había heredado de su padre Felipe, las que habitualmente llegaban a su domicilio en Buenos Aires. Se trata del lote de Vucetich 2819, en esta ciudad.

Preocupada, viajó en cuanto pudo con el fin de poner al día esas cuentas, y allí se encontró con que en su propiedad había sido construida una casa, que exhibía un cartel: dueño vende.

Como poseía toda la documentación respaldatoria de su condición de heredera, Di Costa buscó la asistencia de un abogado, Martín Ferrá, quien denunció la usurpación en agosto de 2007. Inmediatamente, la Fiscalía de Composición Temprana de Conflictos indicó desestimar los cargos, lo cual fue confirmado por la Fiscalía General: es como decir que no hay delito.

A partir de allí, los hechos pasaron a depender únicamente de la investigación realizada por Ferrá. Él concurrió a averiguar con qué documentación los usurpadores habían conseguido cambiar el domicilio postal para la llegada de los impuestos, y se encontró con que se habían presentado con un boleto de compraventa, teóricamente firmado por Felipe Di Costa a favor de Josefa Ester Scali en 2005, cuando él había fallecido en 1998. Evidencia del engaño.

Así la causa se reabre en 2007 por el fiscal general adjunto, que la asigna a la Fiscalía nº 9 de Delitos Económicos. El boleto tenía una certificación de firmas realizada por una escribana, Norma Robaza, que fue llamada a declarar, y negó haber participado de ese acto. Pudo probarlo porque presentó el acto notarial que realmente correspondía al folio que invocaba el boleto apócrifo.

Pero resulta que cuando la policía de la comisaría 5º se presentó en la propiedad de la calle Vucetich a verificar quiénes eran los ocupantes con el fin de certificar la usurpación, encontró que tenían en su poder un nuevo boleto, también falso, pero distinto del anterior. Esta vez se trataba de dar testimonio de una supuesta operación realizada en 1994, para lograr así dar verosimilitud a los hechos, en virtud de la fecha de muerte de Di Costa.

Según el documento, además, habría habido una cesión de derechos de la nombrada Josefa Scali en favor de Jerónima Antonia Álvarez. Luego de cuatro años y pico de proceso, Scali terminó condenada a un año y medio de prisión condicional con costas, por el delito de falsificación ideológica de documento público.

Poca cosa

Pero en realidad, y por más que haya sentencia, el planteo de Ferrá sigue siendo muy concreto: “tuvimos que conformarnos”, dijo. Se refería con esto a que la parte acusadora pretendía que el delito principal fuera la usurpación, que no apareció en la instrucción. Y esto se debió a la impericia, o la desidia, o vaya a saber qué, del fiscal Eduardo Amavet, que se supone que instruyó según su convicción, por el delito menor que es la falsificación. Si bien el documento falsificado existió, y es un hecho perfectamente premeditado e intencional, es un segundo delito accesorio y concurrente con el primero: la usurpación, que no ha aparecido en la causa. Como si la acusada hubiera falsificado dos boletos porque sí, para nada.

Como si no alcanzara con truchar dos boletos, la misma persona aparece nombrada en otra usurpación, esta vez sobre la casa de Génova 1521, es decir frente a los balnearios de Punta Mogotes. Se trata de una propiedad con valor histórico, valuada en u$s 80.000, y su usurpación no es obviamente un hecho apoyado en la necesidad extrema. Esta vez el caso recayó sobre la fiscalía de la doctora Susana Kluka, quien con bastante más tino y experiencia, se ocupó de instruir la usurpación y de inhibir a los cuatro ocupantes por el delito invocado.

Como ya se dijo, la orden vigente de la Fiscalía General había sido enviar las causas a la Fiscalía 9 para que se reunieran todas aquellas que comprobaban la usurpación. El propósito del procedimiento era cruzar la información para, por fin, identificar las asociaciones ilícitas que se enriquecen con estos actos de apropiación. Pero no pudo ser. Los fiscales siguieron investigando por separado.

Pero ¿por qué?, ¿cómo es posible? El lector sabrá que si lo entiende un lego, mucho más lo intuye un hombre de derecho. ¿Es falta de idoneidad de los fiscales? ¿Falta de luces de los que sonoramente concursaron estos cargos y accedieron a ellos con puntajes por lo menos aprobados? ¿O hay alguna otra razón que haga proliferar delitos que se escudan en la pobreza cuando son meras maniobras de estafa?

O no investigan o lo hacen mal, y desestiman las causas por falta de pruebas. O no instruyen o lo hacen mal, y dejan afuera de la causa el delito principal que motivó las acciones. ¿Quién cobra el sueldo –más que interesante- de fiscal?

Finalmente, la frutilla del postre: el funcionario emblemático de estos temas es Javier Woollands, hoy titular del Banco de Tierras de la ciudad, que no ha hecho nada contante y sonante para modificar la situación.

Como se trata de un hombre proveniente del ámbito más combativo del vecinalismo, y de una familia honrosa de militantes populares, alguien podría esperar de él una férrea defensa de los vecinos de los barrios de la ciudad. Pero desde la función, no se lo ha visto más que denunciar, como podría hacerlo desde cualquier otro sitio. No ha iniciado en concreto ninguna acción. De todas maneras, y con más o menos usurpaciones, su trampolín a la concejalía ya está aceitado y listo.

Da para pensar. Hay okupas en las casas y hay okupas en los cargos. Okupas de tribunales y okupas en cada sitio donde alguien goza de un privilegio que no merece, por conocimiento o esfuerzo.

Pero como la justicia duerme el sueño de los injustos, nadie saca del cajón los expedientes en menos de una década. Es decir, se hace el caldo gordo a la prescripción y se espera la muerte de lo propietarios. País generoso, sí. Pero hay que ver generoso con quiénes.