La toma de terrenos privados en el barrio Pirayuí motivó ayer la aprobación de tres proyectos, entre ellos, dos pedidos de informe al intendente. Fue en el retorno a las actividades del Concejo, que sesionó sin sobresaltos.
El retorno al trabajo legislativo en el Concejo se desarrolló ayer sin debates y en absoluta calma. Antes del acuerdo en labor parlamentaria, los concejales aprobaron la totalidad de los asuntos ingresados al orden del día, entre ellos, dos resoluciones dirigidas al intendente en relación con la usurpación de terrenos privados, propiedad de las empresas Urbano S. A. y Guaraní S. A., por más de 680 familias en inmediaciones del barrio Pirayuí.
En primer lugar, Espínola tendrá que responder al pedido del concejal Gabriel Romero (FAP), quien solicitó un informe en forma urgente sobre las tramitaciones de aprobación de loteos que se promovieron sobre la zona ocupada, y en particular, quién o quiénes iniciaron esos trámites y en qué fechas. También si obtuvieron respuesta afirmativa o rechazos, objeciones, reparos u otro tipo de observaciones.
Asimismo, la respuesta deberá consignar si se recibieron denuncias de fraudes, o actos especulativos, referidos a lotes en esa localización y en caso afirmativo, que trámites se iniciaron.
Romero pide además que se informe en forma perentoria, a través del área competente, sobre las localizaciones detectadas y reservadas para llevar adelante aprobación de loteos y de construcción masiva de viviendas sociales en el ejido municipal, que cumplan con todos los requisitos normativos y materiales para que ello ocurra en forma inmediata.
Por su parte, el concejal Javier Sáez (PP) solicitó que se informe sobre el estado del Expediente N° 11-D-12 (2292-S-11) referente a la compra del inmueble del predio de Santa Catalina por parte de la Municipalidad de Corrientes. “Tenemos que conocer en qué situación están esos terrenos. Expropiar por expropiar no sirve, sea público o privado”, dijo a La República.
La resolución tiene relación con el proyecto que propiciaría la Unión Cívica Radical (UCR) en la Legislatura provincial, para la declaración de la utilidad pública y expropiación de una parte de los terrenos de Santa Catalina, como alternativa para la radicación de vecinos en situación de emergencia habitacional.
En ese sentido, los concejales del Frente para la Victoria José Luis Gálvez y Justo Estoup opinaron que es una alternativa de difícil concreción en el corto y mediano plazo, debido a que sobre el predio existe una medida de no innovar, en el marco de la causa que investiga el funcionamiento de centros clandestinos de detención en el antiguo Regimiento de Infantería 9.
Estoup recordó que la medida pone un freno a todo tipo de intención de traslado de okupas a esa zona, dado que en ese lugar la Justicia continúa con la investigación sobre la existencia de cuerpos de desaparecidos.
“Sería una burla a los derechos de los familiares tratar de ocupar esos terrenos. Es lamentable y vergonzoso que algunos referentes estén pensando así en tiempos de democracia y desconozca n una medida judicial”, dijo Gálvez. En tanto, la presidenta del cuerpo, Miriam Coronel (PJ), sostuvo que el déficit habitacional es un problema de antaño que en algún momento iba a explotar.
Por su parte, Romero pidió honestidad intelectual y política y volver a la experiencia de los planes de viviendas sociales masivos que en su momento dieron resultados positivos, con fondos del Fonavi administrados por el Invico.
“Lo que proponemos es no ir detrás de peces de colores. Hay que dejar de discursear y ponerse a trabajar en la satisfacción de la necesidad social”, señaló el referente del FAP en Corrientes.
El conflicto en los terrenos tomados permitió conocer la realidad de otros y dio lugar a una tercera presentación. El concejal José Ramírez Alegre (UCR) solicitó al Ejecutivo municipal que se dé cumplimiento a la Ordenanza Nº 5373, que establece un procedimiento de conservación y limpieza de baldíos en las 500 Viviendas del barrio Pirayuí.
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