Guillermo Aón, secretario de Desarrollo Social, aseguró que nunca les ofreció plata a los vendedores ambulantes por fuera de la ley, que sólo habló de microcréditos productivos que debían devolverse. Y sostuvo que detrás de la denuncia en su contra hay una intencionalidad política.

- Se conoció una grabación en la que se escucha una oferta a los vendedores ambulantes. A partir de ahí se generó una polémica e, incluso, la oposición analiza si va a la Justicia. ¿En qué contexto se dio esa oferta económica?

- Esto tiene que ver con trabajar con el sector de vendedores del microcentro con puestos fijos. Teníamos dos líneas de acción: una tenía que ver con el ordenamiento de la vía pública y en ese ordenamiento poder tener una política inclusiva en lo laboral para estos 40 trabajadores que tenemos en el centro. En esto teníamos como primer proyecto la feria del progreso, donde habrá 31 puestos cubiertos por 31 vendedores que hasta aquí realizan sus actividades en la vía pública. Después, para seguir trabajando con los vendedores que no estaban de acuerdo en participar de esta feria, les dimos la opción de generar una propuesta de microemprendimiento, de prestación de servicios, una propuesta que modifique su situación laboral de trabajo en la vía pública por una que se formalice. Después de ocho meses de negociación, le hicimos propuestas a cada vendedor para que presentara un proyecto productivo que le permitiera seguir satisfaciendo sus necesidades. El caso particular del ofrecimiento de dinero es el ofrecimiento de la política de microcréditos que se dio el Estado como estrategia para poder acompañar el proceso de reconversión que tenían estos trabajadores en la calle.

- Son dos cosas distintas. Cuando se escucha la grabación parece un ofrecimiento hasta de una coima y usted habla de un crédito.

- Es lo que nosotros ofrecemos, totalmente. Un crédito en 36 cuotas, tres meses de gracia al inicio, con un 4 por ciento anual y que deberán devolver y que tendrán un compromiso de deuda con el Estado. Es Proxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 a política de microcréditos que hace diez años practica el Estado y que entrega entre 70 y 100 microcréditos anuales para distintos microemprendedores. Lo que ocurre es que en el marco de una negociación de un tema complejo, álgido, que fue conflictivo y que había que comenzar a destrabar, sin perder de vista el carácter inclusivo de entender a estos trabajadores como sujetos de derecho, es que uno hizo ese ofrecimiento.

Pero hay que marcar claramente: un minuto y medio en una negociación de ocho meses, es una mirada sesgada.

- Pero no suena bien lo que usted plantea en el primer minuto de audio.

- Es que no es el primer minuto. Es la devolución a la propuesta de un microemprendimiento textil que hace uno de los vendedores. Lo que ocurre es que en una situación con un sector conflictivo no puedo tener un lenguaje que invite a los presentes a celebrar un convenio para el empréstito que nos dará la posibilidad de mejorar condiciones... Estamos trabajando con situaciones de condiciones sociales vulnerables y eso hace que tengamos que ejercer roles en la negociación que muchas veces hacen que las palabras suenen mal. Pero acá hay que profundizar la investigación. Resulta que, con el paso del tiempo, esta familia ya no necesita el terreno porque va a trabajar en su propia casa, y ya no necesita 50 mil pesos porque en realidad consiguieron máquinas por 40 mil pesos. Es una familia que se compone por el padre, la madre, 7 hijos, las cuatro nueras y cuatro nietos. Toda esa familia se sostiene a partir de un puesto. Díganme si no es normal que el Estado, si efectivamente va a tener una política inclusiva, quiera generar un emprendimiento textil para una familia extensa de 17 personas. Además, lo hacemos con el pleno convencimiento de que el Estado, si va a tensionar en algún sector, debe acompañar la reconversión laboral de ese sector. Entendemos que es un sector vulnerable al que hay que darle una oportunidad. Y no podemos sacar de contexto esta frase que suena mal pero que debemos analizarla en la política de microcréditos que tiene el Estado. Esto no es dar plata como aquí se quiere hacer ver.

- ¿Por qué negociaban una cifra distinta con cada uno?

- Porque lo que nos dimos como estrategia es reconocer cada historia como propia. Entonces, nos encontamos que teníamos vendedores que venían de una historia con empleo formal y que quedaron desempleados en los ‘90 o en la crisis del 2001 y hoy quieren volver a acceder al mercado formal. Por el contrario, tenemos otras situaciones de vendedores que tienen un muy buen pasar económico, que no sólo tienen un automóvil sino varios; tienen no una propiedad sino varias. Y seguramente ahí vamos a encontrar oposición porque quien tiene tan buen pasar económico sin duda alguna decide seguir como está. Pero si nos vamos a dar un ordenamiento del espacio público, hay muchos vendedores que ante este ordenamiento eligen respetar la ley y respetar la opción laboral dentro de marcos formales de trabajo. No así quienes hoy eligen resistir, “echar como ratas”, “ser como Bin Laden”, estar fuera de la ley. La ley es para que todos la cumplamos.

- ¿Pero no se debió blanquear previamente que les iban a hacer a los vendedores ofertas económicas para evitar suspicacias,

para evitar que se hiciera una oferta económica sin respaldo institucional, administrativo, jurídico?

- Está planteado. En cada aparición pública planteamos tres líneas de opción: la capacitación, los microcréditos y la feria del progreso. Hoy sigue siendo lo mismo.

- ¿Ahora se va a seguir en la misma línea?

- Se va a seguir en la misma línea.

- ¿Cree que la denuncia tiene una intencionalidad política?

- Sin ninguna duda. Hay intencionalidad política en querer hacer ver a este secretario cometiendo una desprolijidad, cosa que no es tal. No sé quién está detrás, pero hay alguien definiendo la estrategia.