La cartera puso a disposición 300.000 pesos de recompensa para lograr la detención de Juan Pedro Asaro, Fernando Alberto Otero y Raúl Arturo Viglizzo, señalados por la justicia de Mar del Plata por la “presunta comisión de delitos de lesa humanidad”.

En la causa se investiga la presunta conformación de los acusados “de una asociación ilícita, enmascarada en la agrupación Concertación Nacional Universitaria (CNU), valiéndose para ello de su pertenencia activa a la misma, o de una estrecha ligazón con dicho grupo, quienes se habrían agrupado con anterioridad al 20 de febrero de 1975, con un claro objetivo delictivo destinado a cometer una serie de ilícitos indeterminados, desde homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, como así también robos calificados por el uso de armas, sustitución de chapas patentes de los vehículos que utilizaban para cometer los distintos hechos de persecución política, falsificación de documentos, uso de documentos y/o credenciales falsas; intimidaciones públicas, incendios dolosos, coacciones, robos de automotores y otros injustos”, dice la resolución judicial.

En ese sentido, el ministro subrayó que el mecanismo instrumentado a través de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia “ya permitió la captura de numerosos fugitivos acusados de haber participado en la represión ilegal durante la última dictadura, imputados por los delitos de violación ilegítima de la libertad, torturas, homicidios, sustracción de menores y desaparición física de personas”.

“Pudieron ser puestos a disposición de la justicia para ser juzgados en el marco de las causas que los implican”, sostuvo Alak sobre el mecanismo que ahora agrega a su lista de búsquedas a estos tres de los 27 ex represores con paradero desconocido “que están siendo buscados por requerimiento judicial para ser juzgados” y por los que se ofrece una recompensa total de $2.500.000.

En este caso en particular, la orden del procesamiento a Asaro, Otero y Viglizzo, partió del Juzgado Federal Nº3 de Mar del Plata por orden del juez Rodolfo Pradas, quien la emitió a fines de 2010 y que incluye además un pedido de captura nacional y el ofrecimiento de la recompensa, según informó la cartera en un comunicado de prensa.

La Unidad Especial, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, se creó en mayo de 2008 a partir de la promulgación de la Ley 26.375 por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que impulsó también el Fondo de Recompensas destinado a estas búsquedas y que alcanza, luego de una orden judicial de captura o búsqueda de paradero, “a autores, co-autores, encubridores y partícipes necesarios” en causas de lesa humanidad.