El convenio para utilizar las cámaras de seguridad de la cooperativa contratada por el Municipio capitalino ya generó polémica. La legisladora del ARI Verónica de María se manifestó en contra.
Para dejar sentada claramente su disconformidad sobre el tema, precisó que “conversamos este asunto con Raimbault durante el día de ayer, en idéntico sentido lo hicimos con la senadora Díaz y de manera conjunta coincidimos en no compartir los criterios políticos que en materia de seguridad sostiene la gestión de gobierno, más aún, repudiamos los criterios sostenidos desde las políticas de seguridad del Municipio”. “Está claro que el Gobierno provincial y el Municipio de Ushuaia mantienen una alianza de criterios que algunos de nosotros no compartimos”, aseveró.
Dejó entrever que esta divergencia de opinión podría tener efectos sobre la pretensión del Ejecutivo fueguino de impulsar la discusión del régimen de coparticipación interna. “El Gobierno tendrá que pensar muy bien si pretende rediscutir la redistribución de los fondos coparticipables, porque por un lado sostenemos algunos legisladores que la Seguridad es única responsabilidad del Estado Provincial debiendo reformularse la distribución y, por otro lado, el mismo gobierno de Ríos le da status casi de seguridad pública a una empresa privada, contratada por la administración municipal para controlar a los asentamientos informales”.
Por ello, precisó que el Ejecutivo “tendrá que definir qué criterio va a sostener al momento de ingresar un proyecto sobre coparticipación, porque detrás de un diseño de distribución de fondos debe haber una definición y un sentido claro. O se asume la responsabilidad de la seguridad pública o se descentralizan en los criterios de las ciudades”, sostuvo en declaraciones difundidas en gacetilla de prensa.

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