La oficialista De María criticó al Gobierno

El convenio para utilizar las cámaras de seguridad de la cooperativa contratada por el Municipio capitalino ya generó polémica. La legisladora del ARI Verónica de María se manifestó en contra.
La parlamentaria adelantó que impulsará un pedido de informes sobre el convenio alcanzado entre el Gobierno y la Cooperativa Magui-Mar, como así también sobre el posible acuerdo con la Municipalidad de Ushuaia para que la Policía pueda disponer de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad dispuestas por la administración local, ya que dijo “que los criterios de seguridad deben ser claros, únicos, centralizados, dirigidos por una fuerza con inteligencia desde el Gobierno provincial. Los criterios diseñados desde el Municipio, acoplados, con lecturas sociales e hipótesis diferentes hace pensar que son coincidentes los criterios de Seguridad del Municipio de Ushuaia y del gobierno de Fabiana Ríos”.

Para dejar sentada claramente su disconformidad sobre el tema, precisó que “conversamos este asunto con Raimbault durante el día de ayer, en idéntico sentido lo hicimos con la senadora Díaz y de manera conjunta coincidimos en no compartir los criterios políticos que en materia de seguridad sostiene la gestión de gobierno, más aún, repudiamos los criterios sostenidos desde las políticas de seguridad del Municipio”. “Está claro que el Gobierno provincial y el Municipio de Ushuaia mantienen una alianza de criterios que algunos de nosotros no compartimos”, aseveró.

Dejó entrever que esta divergencia de opinión podría tener efectos sobre la pretensión del Ejecutivo fueguino de impulsar la discusión del régimen de coparticipación interna. “El Gobierno tendrá que pensar muy bien si pretende rediscutir la redistribución de los fondos coparticipables, porque por un lado sostenemos algunos legisladores que la Seguridad es única responsabilidad del Estado Provincial debiendo reformularse la distribución y, por otro lado, el mismo gobierno de Ríos le da status casi de seguridad pública a una empresa privada, contratada por la administración municipal para controlar a los asentamientos informales”.

Por ello, precisó que el Ejecutivo “tendrá que definir qué criterio va a sostener al momento de ingresar un proyecto sobre coparticipación, porque detrás de un diseño de distribución de fondos debe haber una definición y un sentido claro. O se asume la responsabilidad de la seguridad pública o se descentralizan en los criterios de las ciudades”, sostuvo en declaraciones difundidas en gacetilla de prensa.

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