Después de diez horas de debate, el Senado aprobó al filo de la medianoche y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley de Hidrocarburos con 38 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. El oficialismo votó la inicitiva en soledad debido a que la oposición la rechazó por considerar que "avasalla" las jurisdicciones provinciales, entre otros cuestionamientos. 

En la votación sólo se abstuvieron el radical Oscar Castillo y la senadora del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Lucila Crexell.

El principal argumento del oficialismo a favor de la iniciativa (consensuada entre la Casa Rosada y los gobernadores de las provincias petroleras) fue que permite atraer inversiones para la explotación de los recursos hidrocarburíferos y garantizar el autoabastecimiento.

Por su parte, la oposición sostuvo que el proyecto "avasalla" las jurisdicciones provinciales y que implica la "entrega" de los recursos, además de cuestionarle la ausencia de previsiones ambientales.

La defensa inicial del proyecto estuvo a cargo del oficialista neuquino Marcelo Fuentes, se refirió especialmente a los recursos gasíferos y petrolíferos no convencionales y remarcó que su obtención requiere de "inversiones de una magnitud que demandan generar mecanismos de asociación".

Además, vinculó esta cuestión con el conflicto que tiene la Argentina con los fondos buitre, al afirmar que "la independencia, la soberanía y el abastecimiento energético de la Nación están íntimamente vinculados al conflicto con estos fondos".

El jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, utilizó un argumento de la oposición (que señaló que el proyecto está hecho a medida de YPF) y sentenció: "Se dijo que era una ley para YPF. Ojalá sea cierto. Es una muy buena ley si está hecha en beneficio de YPF".

A su turno, el senador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Guillermo Pereyra justificó su rechazo al proyecto cuando consideró que "refleja gran improvisación" y está "enfocado caprichosamente a modificar los roles y facultades de las provincias".

La rionegrina Magdalena Odarda, del Frente Amplio UNEN, sostuvo que el proyecto "significa la mayor entrega de soberanía de los últimos años" y junto a sus compañeros de bloque (Fernando "Pino" Solanas, Rubén Giustiniani, Jaime Linares y Norma Morandini) presentó una iniciativa propia.

En tanto, Solanas aseguró durante su ponencia que la reforma a la ley de Hidrocarburos será la primera "a la que le saltemos encima" cuando se produzca el cambio de gobierno. Asimismo, advirtió a "las transnacionales y a las empresas" que no crean que se mantendrá vigente la norma impulsada por el kirchnerismo.

"Vamos a trabajar para que ésta sea la primera ley a la que le saltemos encima a partir del cambio de gobierno", alertó Solanas, al rechazar la propuesta oficialista. Luego, puso como ejemplo la nacionalización del gas en Bolivia y reclamó, en cambio, la discusión del "modelo energético nacional", además, de bregar por enfocar la mira hacia "las energías alternativas", como la eólica y la solar.

"Es poco serio que este país apueste todas sus fichas a Vaca Muerta cuando sólo se va a conocer su rentabilidad en cinco años, lo dicen las mismas empresas", arremetió Solanas durante el debate en el recinto.

La chubutense del Peronismo Federal Graciela di Perna calificó el proyecto como "una imposición del Estado nacional sobre los Estados provinciales" y opinó que "así no se acuerdan las políticas de Estado". El radical Mario Cimadevilla, otro representante de la provincia de Chubut, aseguró que "el partido de Gobierno" usó "para privatizar YPF en la década del 90 los mismos argumentos que utilizan ahora para impulsar esta ley" y advitió que el proyecto "plantea la enajenación de los recursos energéticos".

La puntana Liliana Negre de Alonso, del Peronismo Federal, evaluó que el proycto "tiene un gran avasallamiento al federalismo y un incumplimiento y violación expresa de lo que establece la Ley de soberanía hidrocarburífera".

El proyecto fija nuevos plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Se introdujo una modificación para que las explotaciones off-shore gocen de un beneficio fiscal del 20 por ciento siempre que la perforación se realice en una distancia menor a los 90 metros de la superficie, pero cuando supere esa distancia el beneficio será del 60 por ciento.Además, las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones, que además deberán pagar mensualmente regalías por un 12 por ciento, monto que los gobiernos provinciales podrán incrementar un 3 por ciento como máximo.

La iniciativa también acorta los plazos de los permisos con el objetivo de incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares.