El reinicio de la actividad en el Poder Legislativo estará signado por el proceso de renovación del mandato en la Defensoría del Pueblo. En rigor, a la Cámara se le acortan los plazos legales porque la gestión de Jorge García Mena finaliza en septiembre.

Si bien el ombudsman puede ser reelecto en el cargo (tiene rango constitucional desde 2006), en los pasillos de avenida Sarmiento al 600 algunos oficialistas ya comenzaron a barajar diferentes hipótesis. Las más firmes, tendientes a la renovación del cargo.

Ayer, referentes alperovichistas evaluaron junto al prosecretario parlamentario Jorge Elías (el secretario Juan Antonio Ruiz Olivares está de licencia) el texto de la Ley Nº 6.644, que refiere a las funciones del defensor del Pueblo y a los mecanismos previstos para su designación, teniendo en cuenta que el nombramiento del ombudsman es de exclusiva responsabilidad del Poder Legislativo.

Rango constitucional

García Mena asumió el viernes 10 de septiembre de 2004 por un mandato de seis años. Luego, con la reforma de la Constitución, se instituyó que la gestión del ombudsman durará cinco años, con la posibilidad de ser reeelecto en sólo una ocasión.

De esa forma, el actual defensor del Pueblo cesará en sus funciones en la primera semana de septiembre, siempre y cuando no sea ratificado por la Cámara. Pero, en caso de que los legisladores decidan un recambio, la norma establece claramente cuáles son las pautas que se deben seguir. Y ahí el margen de acción se agota, porque el proceso para la elección del ombudsman demanda no menos de 17 días hábiles. Es decir, para llegar con un nombre antes de la finalización de la gestión de García Mena, el Poder Legislativo debería abocarse al asunto antes de la segunda semana de agosto.

"Aún no hay ningún movimiento. El proceso debe ser encarado por la Presidencia y, luego, entran en juego las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Acuerdos", explicó el titular del primer órgano, Antonio Raed (PJ). El propio Regino Amado, presidente subrogante de la Cámara, reconoció que el inicio del trámite está pendiente, pero que comenzará a ser evaluado en los próximos días. "Ahora nos vamos a abocar a ver cuándo iniciarlo", detalló la segunda autoridad de la Provincia.

Una terna al recinto

El nombre del defensor del Pueblo debe ser elegido en sesión especial por una mayoría absoluta de la Legislatura.

Para la elección del candidato, la norma establece que la Cámara deberá abrir por un período de cinco días hábiles un registro de interesados. Los únicos requisitos son tener más de 25 años de edad y la ciudadanía natural o legal (dos años como mínimo). Las fechas de apertura y de cierre de ese registro, además de las condiciones exigidas, deben ser publicadas durante dos días hábiles en el Boletín Oficial, en un diario de "amplia circulación" y en la página web oficial de la Legislatura. Una vez vencido el plazo de inscripción, la Cámara tendrá que publicar la nómina de interesados por un día, también por los mismos medios, e invitar a la ciudadanía a formular impugnaciones (tres días), tras lo cual se correrá vista a los impugnados para que efectúen el descargo (otros tres días). En ese mismo plazo, las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Acuerdos se reunirán en forma conjunta para elevar la terna que llegará al recinto.