Oficialismo y oposición debaten si un decreto viola la soberanía provincial

La diputada Elsa Alvarez (UCR – Santa Cruz) dijo ayer que denunciará por inconstitucional el Decreto 1277/12 del Poder Ejecutivo Nacional, que reglamenta la Ley 26.741 -por la cual se expropió YPF- porque viola las autonomías territoriales de las provincias, y los derechos de sus habitantes sobre los recursos naturales que les pertenecen, según la Constitución Nacional.
La Legisladora nacional se refiere al controvertido decreto que crea la comisión “Plan de Inversiones Hidrocarburíferas”, donde las empresas petroleras deben presentar sus proyectos y planes de inversión.

Quita potestades- Alvarez indicó que el decreto viola el Artículo Nº 31 de la Constitución de 1994 y que se trata de derogar a través de un decreto reglamentario de una ley, disposiciones que se encuentran en normas de mayor jerarquía como la propia CN.

“Básicamente, lo que establece es que los planes provinciales deben adaptarse a un plan estratégico nacional que es el que va a tomar todas las disposiciones respecto a los recursos hidrocarburíferos, es decir, los recursos que tenemos en nuestra provincia”, manifestó.

La Legisladora le dijo a este medio que esta norma, que no fue lo que se les explicó al momento de votar la expropiación a Repsol de las acciones de YPF, decía que las provincias iban a tener determinada autonomía.

Sin embargo, sostuvo que ahora queda en manos de funcionarios nacionales la decisión en lugar de los gobernadores en

–por ejemplo- quitar concesiones, una potestad de las provincias de acuerdo a la reforma constitucional de 1994, y a la Ley 26.197, conocida como Ley Corta de Hidrocarburos, del año 2006.

Asimismo, pidió al gobernador Daniel Peralta ponerse al frente de este reclamo y, “en lugar de andar mendigando recursos, salir a defender los intereses de los santacruceños, y hacer una causa común con los mandatarios de los estados productores de crudo”.

Y al consultarle cuáles serían los pasos para evitar este decreto, Elsa Alvarez no dudó en afirmar que los mandatarios provinciales que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), deberían hacer el planteo ante el Gobierno nacional.

No avasalla a las provincias- Pero el Gobierno de Santa Cruz ya fijó posición al respecto. En declaraciones hechas a la prensa el lunes, el gobernador Daniel Peralta indicó que no creía que la decisión del Gobierno nacional interfiera sobre la soberanía de las provincias.

Peralta explicó que hay que hacer algunas distinciones, ya que en el Artículo 1º de la norma que estableció la nacionalización de las acciones de YPF, la ley habla de la recuperación del autoabastecimiento y de la soberanía energética.

“Me parece bien que las petroleras tengan que formular planes de inversión no sólo a los Estados provinciales sino también a la Secretaría de Energía de la Nación, que tengan que primero abastecer el mercado interno antes de exportar y que tengan que garantizar el sostenimiento de los puestos de trabajo a partir de las inversiones. Eso no lo veo como un avasallamiento de la soberanía de nuestros recursos”, dijo.

“Nosotros –aseguró- no vemos que este decreto reglamentario nos quite soberanía porque, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, seguimos bajo nuestra Ley Marco de Renegociación de la Extensión de las Concesiones, no la afecta a esta norma, y las regalías no las veo afectadas si se cumplen los planes de inversión, especialmente, por parte de YPF, que se traducen en mayor producción que, a la vez, se convierten en más regalías para nuestro presupuesto”.

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