LA PLATA (Corresponsal).- El bloque oficialista en la Cámara de Diputados bonaerense intentará hoy convertir en ley al menos tres proyectos vinculados a políticas de seguridad que el gobernador Daniel Scioli remitió en diciembre. Se trata de la reforma al Código de Ejecución Penal, la descentralización del Tribunal de Casación y el proyecto que obliga a dar trabajo a personas liberadas de cárceles.

Son "temas pesados", coincidieron desde los bloques opositores donde analizarán hasta el mediodía en Labor Parlamentaria si acompañan o no las distintas iniciativas. El impulso a tres de las cinco medidas que el Ejecutivo envió a la Legislatura se produjo luego de que Scioli reuniera en su despacho a los titulares de las bancadas del Frente para la Victoria de ambas Cámaras para pedirles leyes claves para poder gestionar. De los proyectos que podrían tratarse en la sesión de hoy la única que no recibió algún tipo de rechazo directo es la que reforma el Código de Ejecución Penal para que, entre otras medidas, se incorporen las audiencias orales y públicas en la instancia en que un juez debe decidir por dar o negar una libertad condicional.

"El juez tiene que decirle en la cara al preso que se va a quedar preso, o a la víctima que al tipo lo deja en libertad", explicó a LA CAPITAL el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín. Desde los bloques de la oposición, al menos de la UCR y Unión Celeste y Blanca, hay dudas sobre acompañar los otros dos proyectos. El que más rechazo generó afuera de la Legislatura es el que descentraliza las salas de Casación Penal. Días atrás la mayoría de los jueces de la Cámara rechazaron la iniciativa mediante un documento que remitieron al Poder Ejecutivo y al Legislativo.

Consideran que las distancia geográfica generaría "dispersión interpretativa" en los fallos, pero sí apoyaron la creación de nuevas salas. El ministro de Justicia y Ricardo Casal, respondió tajante a las críticas: "Esto no es un debate". Para él la opinión de los magistrados "tiene un sentido subjetivo" y sostuvo que las actuales seis salas ya "tienen opiniones contradictorias" y que lo que se busca es que "haya más producción de trabajo". Los diputados de la oposición, en cambio sí escucharon la postura.

Aunque sin posición tomada, Ramiro Gutiérrez, presidente del bloque denarvaísta, señaló con desagrado la imposición a las empresas privadas de tener que contratar ex presidiarios. El proyecto "impone un cupo, obliga a las empresas a tomar un cupo", resaltó. La iniciativa fue presentada por el oficialismo como una medida para "reinsertar en la sociedad" a los liberados de prisión -absueltos y sobreseídos- garantizándoles cupos laborales. El proyecto obliga a crear cupos del 2% de los trabajadores, al Estado, organismos descentralizados, empresas estatales y a las privadas subsidiadas y concesionarias de servicios públicos "con las salvedades que establezca la reglamentación". Las firmas que cumplan obtendrán beneficios impositivos, como poder computar la mitad de los sueldos de los liberados como pago a cuenta de Ingresos Brutos. El gobierno por su parte incentivará la creación de cooperativas y créditos con beneficios diferenciados