Pese a que el radicalismo se pronunció oficialmente este fin de semana de manera negativa a la idea de apoyar la reforma de la Constitución provincial que impulsa el gobernador Francisco Pérez, en el oficialismo tienen pensado avanzar de igual forma en esta iniciativa y romper los mandatos partidarios, ya que consideran que la fuerza de la reivindicación de diversos derechos de colectivos sociales que quieren incorporarse a la Carta Magna logrará imponerse.

Tras el congreso partidario de la Unión Cívica Radical (UCR), que se celebró el sábado en Rivadavia y del que salió un documento en el que la mayoría de los congresales decidieron cerrar la puerta a la reforma de la Carta Magna, El Sol consultó los pasos a seguir al vocero del Gobierno en este asunto, el senador provincial Fernando Simón. El legislador dijo que, en principio, la idea es fortalecer la necesidad de que se debata la modificación de la Constitución local –la que data de 1916– mediante actividades como foros, audiencias y todo tipo de mecanismos que ayude a colocar la cuestión en la agenda social.

"Las dos excusas que ponen desde el radicalismo no tienen mucha racionalidad. Primero hablan de que no hay clima para dialogar, y la verdad es que ellos, al negarse a abrir el debate, no contribuyen a mejorar estas condiciones. Luego, dicen que esto es un globo de ensayo para medir las reelecciones (en alusión a la posibilidad de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiera cambiar la Constitución nacional para ser elegida en un tercer mandato) y, si fuera así, deberían pedir expresamente sólo que Pérez quede excluido de competir para revalidar su mandato, y con esto sería suficiente", expresó Simón.

La posición del radicalismo no está totalmente consensuada entre los máximos referentes partidarios, ya que la negativa de reformar la Carta Magna es fogoneada por el presidente del comité provincial e intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, por el ex mandatario provincial y es presidente de la Nación, Julio Cobos, y por otros conspicuos dirigentes, pero hay otros que están en la vereda opuesta. Estos son los casos del intendente de Capital, Víctor Fayad, y del ex gobernador Roberto Iglesias.

En el oficialismo se siguen entusiasmando con la prerrogativa de que la incorporación de derechos a la Constitución –ya sean en lo medioambiental, en defensa del consumidor, discapacidad, pueblos originarios, minoridad o leyes laborales, entre otros– movilizará a los diferentes grupos sociales que se sienten representados en esta lucha y lograrán hacer torcer las posturas de las estructuras partidarias. Más allá de estas conjeturas, Simón precisó que, a partir de hoy, se evaluará en el oficialismo cómo sostener la estrategia para poder lograr la reforma constitucional.