En la última semana antes del receso, el oficialismo buscará aprobar algunas leyes de importancia para la gestión, por eso hay diputados que anticiparon pretenden dar despacho en la reunión de mañana de la comisión e Asuntos Constitucionales, al proyecto de ley por el que se pretende derogar las modificaciones introducidas hace unos años a la ley de amparo, y de esta manera volver a la vieja normativa.
Este tema es discutido desde hace años, a tal punto que existen numerosas propuestas que buscan poner fin a las polémicas modificaciones. Entre ellas están los proyectos de los diputados Alicia Terada (mandato cumplido), Carlos Martínez, Ricardo Sánchez, Daniel San Cristóbal (mandato cumplido), María Lidia Cáceres y también el último enviado por el Poder Ejecutivo.
Constitución desvirtuada
En su iniciativa, el gobierno sostiene que los cambios que se introdujeron a la norma --en octubre de 2004--, lo que hicieron fue “desnaturalizar el proceso constitucional de amparo y una afectación a la tutela judicial efectiva”.
Si bien son cinco las propuestas que se analizaron en Legislación, el oficialismo pretende aprobar la que presentó el gobierno el 20 de mayo de este año y que sencillamente pide la derogación de la Ley 5451, que modificó la Ley 4.297 que reglamenta la acción de amparo.
El Ejecutivo sostuvo en su proyecto que “el amparo regulado en el artículo 19 de la Constitución de la provincia y en el artículo 43 de la Constitución Nacional, introducidos mediante la reforma constitucional del año 1994, es una garantía constitucional que se reconoce a todas las personas para asegurar el ejercicio de sus derechos constitucionales frente a afectaciones que pueden derivar de actos u omisiones de las autoridades públicas o de los particulares”.
“La Ley 5.451 (cuya derogación se propicia) equivale a privar al amparo de su propia naturaleza de proceso urgente, tendiente a asegurar con éxito un anticipo de garantía de la jurisdicción, lesiona el derecho a la jurisdicción y las garantías del debido proceso y juez natural que asiste a todos los ciudadanos, sin excepción, para recurrir ante el órgano judicial”, aseguraron.
Por último sostienen que la derogación de la Ley modificatoria implica recuperar la plena vigencia de la normativa 4.297 y el sistema de tutela máxima contemplado por ella, en un todo de acuerdo con la preceptiva constitucional y con los deberes internacionales comprometidos por la República Argentina.




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