Por un lado, el alperovismo avanzó en el establecimiento de las alícuotas, importes fijos, mínimos y demás valores correspondientes a diversos impuestos incluidos en el Código Tributario provincial, cuyos cambios comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2012.

En este sentido, entre los principales lineamientos de la norma aprobada, surge que se fijará en el orden del tres por ciento la alícuota correspondiente al Impuesto Inmobiliario, mientras que la determinación y liquidación del tributo anual por parte de la Dirección General de Rentas, será del 1,2 por ciento para inmuebles rurales, urbanos y aquellos que hayan realizado mejoras edilicias.

Además, la ley fijó en cien pesos el impuesto mínimo anual, en tanto que el aspecto resaltado por los opositores fue que dicho impuesto mínimo se incrementará en un 50 por ciento para el período fiscal 2013.

"Aquí el Gobierno afirma que no hay aumento alguno de impuestos, pero si tocamos de esta manera los tributos, se terminará impactando en el flaco bolsillo de los tucumanos. No cierra la cuestión que en el caso del Presupuesto provincial se haya actualizado en pautas inflacionarias de solamente el nueve por ciento, mientras que para esta reforma el nivel se eleva exponencialmente al 50 por ciento", indicó la radical Silvia Elías de Pérez.

Al respecto, ejemplificó que entre el 45-50 por ciento de los ingresos de una familia tipo de clase media tucumana es destinado al pago de impuestos. "Si a esto le sumamos que el gravamen por Ingresos Brutos lo han subido en un cien por ciento (ahora es del 15 por ciento), esto sí o sí se reflejará en un aumento en los costos", añadió la correligionaria.

Además, otro de los puntos que se determina en la ley aprobada da cuenta que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado a establecer la alícuota del impuesto para cada una de las categorías de inmuebles "cuando razones de oportunidad, mérito o conveniencia así lo justifiquen".

Asimismo, una segunda norma cuestionada es la que refiere a una modificación del propio Código Tributario que, de acuerdo al legislador Ramiro González Navarro (PJ), "permitirá concretar un sistema jurídico-tributario armónico y previsible".

Pese a ello, la postura del representante del PRO en el parlamento, Alberto Colombres Garmendia, fue contraria pues manifestó que "pocas veces me encontré con un mamarracho jurídico tan grande, donde se vulneran todos los derechos de los contribuyentes".

Entre las diversas observaciones que emitió sobre el proyecto, pueden destacarse: la imprescriptibilidad del impuesto de sellos, la invención "de un embargo extorsivo (en caso de deudas contraídas)", además, señaló que el Ejecutivo, como parte interesada de la recaudación, "decide sobre la admisibilidad de la prueba del contribuyente, violando así el principio de igualdad entre las partes", indicó.

Al respecto, Garmendia señaló que la arquitectura jurídica de la norma "es digna de la Gestapo, pues la Dirección General de Rentas se convierte en el 'Big Brother' (Gran Hermano) que todo lo vigila. Esto no se puede sancionar porque es irritante para el contribuyente, lo que generará un rechazo ciudadano que no se está siendo tenido en cuenta, por lo que el Estado pagará una infinidad de dinero en juicios en contra de la norma", advirtió.

Por su parte, Elías de Pérez añadió que la ley se constituye en un agravamiento en materia de sanciones en contra del contribuyente, además de propiciar un aumento de la inseguridad jurídica. "Estamos avalando la presión y persecución autoritaria sobre los contribuyentes", expresó.

La iniciativa contó con los votos positivos de la bancada alperovista, en tanto que toda la oposición se pronunció contrariamente a la sanción de la normativa.