“Estamos convencidos de la ordenanza que vamos a votar. Estuvimos convencidos desde el principio”. Así de contundente fue ayer el jefe del bloque de Acción Marplatense, Diego Monti, cuando El Atlántico le consultó si el oficialismo ratificaría mañana la ordenanza de pavimentación de las calles del Puerto. “Estamos para aprobarla”, confirmó.

Las dudas, en realidad, habían partido de los bloques que están en desacuerdo con la norma, sobre todo del radicalismo, donde ayer se albergaban esperanzas de que Acción Marplatense diera marcha atrás. “Vamos a pedir la vuelta del expediente a comisión”, deslizaron, y dijeron que esperaban que las demás bancadas acompañaran la moción.

Monti, sin embargo, desechó cualquier alternativa que implique no avanzar con el plan. Incluso volvió a cruzar los cuestionamientos que la semana pasada lanzaron, por separado, la UCR y tres monobloques (GEN, Frente es Posible y Autonomía Municipal). “Lo de la falta de transparencia no es así. Hay transparencia”, insistió.

La ordenanza en cuestión fue aprobada en primera instancia en el último plenario, por mayoría. Además del oficialismo la votaron los bloques unipersonales de Diego Garciarena (Movimiento Nacional y Popular Marplatense), Mario Lucchesi (Movimiento Peronista) y Verónica Beresiarte (Frente para la Victoria).

Para quedar firme, el “Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Urbana de la Zona Portuaria” –tal su nombre oficial-, necesita el aval de la asamblea de concejales y mayores contribuyentes, que se desarrollará mañana.

El plan incluye la realización de obras de pavimentación mediante un sistema especial de contribución por mejoras, en el que sólo harán aportes las empresas pesqueras. En total, destinarán unos 8,7 millones de pesos.

También establece un régimen de fomento e incentivos para financiar los trabajos. En ese punto, la norma toma en cuenta a las empresas pesqueras que adeudan al Municipio la tasa de Inspección Veterinaria. Señala que lo que abonen por la tasa será afectado a la obra. Pero aclara que esas firmas deberán “renunciar a plantear la prescripción judicial de cobro o desistir de los planteos ya efectuados”.

Los contribuyentes comprendidos en este régimen deberán cancelar la deuda (capital más intereses devengados) antes del 30 de julio.

Algunos de los opositores a la sanción del proyecto hablan en de la “condonación” que beneficiará a las empresas. “No hay una condonación, sino una contribución por mejoras”, diferenció Monti.

También aludió a la solicitada presentada en un medio local por pequeñas compañías portuarias que advertían la falta de equidad en la distribución de los pagos. “Cada una abonará de acuerdo con la superficie que tenga su planta. Es lo más justo”, dijo. Y dejó entrever la posibilidad de que se sancione algún plan de regularización tributaria para esas firmas, que “en su mayoría adeudan Seguridad e Higiene”.

La oposición instaló que la deuda por la tasa de Inspección Veterinaria asciende a 40 millones de pesos. En Acción Marplatense mencionan una cifra mucho menor. “Son 14 millones”, comentó Monti.