02/12/2011 00:33 AM | El tratamiento legislativo que insumió la denominada “ley de leyes” mostró durante la sesión de mas de 9 horas desarrollada ayer, que las disputas entre oficialismo y oposición siguen intactas. En este tire y afloje inequitativo, dada la mayoría aplastante con la que cuenta el alperovismo en la Cámara, un sector arremete contra la falta de transparencia y centralización absoluta en el manejo de las cuentas públicas, mientras que desde la vereda de enfrente defienden a rajatabla lo que para ellos es el programa que sustenta una gestión cimentada sobre el crecimiento económico y desarrollo social a lo largo de los últimos ocho años.

De esta forma, y con el poder de los números, el Gobierno logró la aprobación del Presupuesto 2012, el cual asciende a más de 13.800 millones de pesos y tiene como pautas económicas las mismas que plantea el cálculo de gastos y recursos que se confeccionó a nivel nacional: es decir, se fija una tasa de crecimiento del PBI (real) en el orden del 5,1 por ciento, un dólar ubicado en los 4,40 pesos y una inflación que no supera el 9,2 por ciento para todo el año. Fueron justamente estas cualidades una de las objeciones expresadas por los refractarios al justicialismo, al sostener que no se ajustan a la realidad, por lo que el presupuesto se encuentra distorsionado ya desde un principio.

"Al coincidir con lo sostenido por la presidenta Cristina Kirchner, donde la competitividad no se hace a costa de los salarios, el criterio político de este proyecto está dirigido a generar desarrollo económico con inclusión social", sostuvo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ramiro González Navarro.

Así también, consideró como razonable el incremento en el orden del 41 por ciento en relación al cálculo presupuestario para el año en curso, lo que le permitió sostener que "no existe subestimación en los números, no nos resulta atinado apartarnos de las pautas porque corremos el riesgo de sobreestimar (recursos) y generar un déficit fiscal que impactaría en el endeudamiento provincial", dijo.

Una vez presentada la iniciativa, fue el turno de los opositores para refutar los datos allí planteados. El primero en tomar la palabra fue el radical Federico Romano Norri, quien, desde el vamos, calificó al proyecto de "poco creíble" al indicar que los parámetros sobre los que se basa resultan "falsos" y recalcó que su aprobación "es perder la posibilidad de contar con un instrumento de planificación, como una propuesta de política pública en los que se enmarquen los objetivos que debe encarar Tucumán".

Al mismo tiempo, subrayó que el PE se encuentra facultado (pues así lo establece el articulado de la ley) "para modificarlo a su antojo, y no conocemos tampoco los recursos que se destinan a municipios y comunas, ya de por sí privados de su autonomía", precisó Norri.

Por su parte, su correligionaria, Silvia Elías de Pérez, estimó que una masa importante de recursos serán manejados discrecionalmente y destacó que se subestima en casi un 32 por ciento el monto final presupuestado, pues el cálculo total, para la parlamentaria, ascenderá a los 18 mil millones de pesos.

"Las cuentas públicas entraron en niveles descendentes con superávit pequeños (el actual es de 2,1 millones de pesos). Tenemos el peligro que se dispare el gasto público", adujo Elías. A su vez, criticó el aumento en la planta de personal de la Administración Pública consignada en el proyecto, que se ubica en los 70.203 cargos, guarismo que, al ser comparado con la primera gestión de José Alperovich en 2003. representa un 61,4 por ciento superior.

En tanto, Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) señaló que el gran caudal que dinero que maneja el Gobierno no se corresponde con la calidad de los servicios que brinda a los ciudadanos. "Tenemos tanta plata y no estamos mejor", apuntó. Paralelamente, insistió en que no se postulan cifras fehacientes, pues "una vez que la recaudación (tributaria) sea mayor, el PE recurrirá a incrementos presupuestarios, como lo hizo en este año al aumentar en 1.510 millones de pesos. Monto que no tiene una aplicación específica y fueron a parar a gastos corrientes y no de capital (es decir, aquellos que tienen una contrapartida tangible)". Adicionó que solamente el 15 por ciento del dinero total se destina a gastos de capital.

La inexistencia de fondos plasmados en el Presupuesto para hacer frente al pago del 82 por ciento a los pasivos de la provincia, fue uno de los tópicos puesto sobre el tapete por el democristiano José Páez. "No hay ninguna referencia que implique el cumplimiento de leyes que beneficie a los jubilados transferidos", bramó desde su banca.

Cargó también contra los órganos de contralor al indicar que el Tribunal de Cuentas (TC) "deja pasar todo. No se analiza la Cuenta de Inversión, dado que hay muchas referencias genéricas en torno a las asignaciones presupuestarias, donde no se precisan datos", añadió.

Alberto Colombres Garmendia (PRO) explicó que si se toma en cuenta la pauta inflacionaria, "el Presupuesto ya se encuentra desfasado en casi 2.100 millones de pesos". Adujo también que "no se especifica el origen de los fondos, cómo surgen los recursos (si provienen de lo recaudado por Ingresos Brutos, impuesto Inmobiliario, Automotor, Sellado)".

Finalmente, Ariel García (UCR) exclamó que "no podemos otorgarle un cheque en blanco al Gobierno. Son fondos públicos, no se trata de la cuenta particular del Gobernador". A su vez, se quejó, puesto que en ningún lugar del proyecto figura cuál será el nivel de aumento salarial para los empleados estatales a otorgar en el próximo año.

Al momento de defender la iniciativa, Gerónimo Vargas Aignasse calificó de "irrespetuosa" a la oposición por no acompañar la aprobación de la norma. "Esto es poner palos en la rueda de una forma antidemocrática porque se le niega el plan de gobierno, sin ninguna autoridad política", lanzó.

Argumentó que durante el período que comienza en 2012, la provincia muestra una recuperación económica al graficar que se está ante la presencia de una menor dependencia de la nación, ya que los fondos provenientes de ella significan un 56 por ciento de los recursos totales del Presupuesto, cuando en años anteriores esta suma llegaba al 80 por ciento.

Carolina Vargas Aignasse protestó ante "los mensajes apocalípticos que resonaron en la boca de algunos legisladores, cuando en la realidad se palpa un crecimiento sostenido y constante en todas las áreas".

Para González Navarro, los cargos públicos objetados "no fueron dados a ñoquis, sino que afianzamos la profesionalización de la Administración Pública". Consideró que los Fondos Fiduciarios de Municipios y Comunas poseen el control preventivo del TC "y las comunas realizan balances bimestrales con un cumplimiento del 100 por ciento. De 592 balances presentados, 263 ya fueron auditados. ¿De qué arbitrariedad y discrecionalidad hablamos?, se preguntó el justicialista frente a las críticas.

Destino de fondos por áreas

PODERES DEL ESTADO

$900 millones (+7,18% que en 2011)

EDUCACION Y CULTURA

$3.558 millones (+27,66%)

SEGURIDAD

$1.058 millones (+8,11%)

ADMINISTR. GENERAL

$2.192 millones (+16,24%)

SALUD

$1.932 millones (+14,80%)

GOBIERNOS LOCALES

$1.821 millones (+13,96%)

BIENESTAR SOCIAL

$695 millones (+5,33%)

CIENCIA Y TECNICA

$11millones (+0,09%)