También pidió la intervención del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. RECURSO DE AMPARO Según consta en la documentación a la que 0223.com.ar tuvo acceso en forma exclusiva, Maiorano promovió días atrás una acción de amparo y requirió que se decrete una medida cautelar innovativa contra la Municipalidad de General Pueyrredon con la finalidad de que “se resguarde el Régimen Municipal” ya que, a su entender, el Honorable Concejo Deliberante local “ha procedido a la sanción de la Ordenanza Fiscal e Impositiva del año 2012 en franca contravención con el procedimiento establecido en la Constitución Provincial y en la Ley Orgánica de las Municipalidades”. El objetivo de la acción, puntualizó, es que “se disponga la inmediata anulación de los actos que lesionan en forma manifiesta los principios y derechos constitucionales invocados desarrollados a partir de la celebración ilegítima de la 7º Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes celebrada el día 13 de enero último, mediante la cual se aprobaron las Ordenanzas Fiscal e Impositiva para el Ejercicio 2012”. Al fundamentar su pedido, el edil señaló que “durante el desarrollo del período 96º de la actividad legislativa del HCD se llevaron a cabo una serie de actos y hechos en los que se pudieron observar la afectación de los principios constitucionales de Legalidad y Razonabilidad, conculcando con éstos actos el funcionamiento del Régimen Municipal garantizado a partir de los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional”. “En tal sentido corresponde señalar que el día 30 de diciembre de 2011 mediante el decreto 359/11 de la presidencia del HCD se efectúo la citación de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, para el día 13 de enero de 2012 a las 10 horas, a efectos de considerar, dentro del orden del día, los siguientes expedientes: Ordenanza Fiscal para el Ejercicio 2012; Ordenanza Impositiva para el Ejercicio 2012”, recordó. No obstante a ello, advirtió, “conforme surge del libro de registro de actas del HCD, la 6° Asamblea de concejales y mayores contribuyentes fracasó por falta de quórum para su funcionamiento”. “Sin embargo -apuntó-, el Concejo Deliberante, a través de sus autoridades constituidas procedió a celebrar la 7º asamblea sin efectuar citación alguna y en franca violación del procedimiento legal”. En consecuencia, Maiorano calificó el proceder del Cuerpo Legislativo de “ilegal” y “arbitrario” y remarcó que “la invalidez de la norma (Ordenanza Fiscal e Impositiva – Ejercicio 2012) se origina a raíz de una serie incumplimientos de normas legales: Ley Orgánica de las Municipalidades y Constitución Provincial”. MEDIDA CAUTELAR En otro tramo de su presentación, Nicolás Maiorano solicitó a la Justicia que “se decrete una medida cautelar innovativa” a fin de “suspender los efectos del acto cuestionado” y “dejar sin efecto todos los actos jurídicos que sean consecuencia directa e indirecta del acto censurado, hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo aquí sustanciada”. Por último, el concejal radical hizo “expresa reserva del caso federal” al señalar que “estando en debate derechos y garantías que tienen recepción expresa en las normas de la Constitución Nacional, una eventual sentencia contraria a la presente acción podrá configurar su violación o desconocimiento”. LAS DENUNCIAS POR IRREGULARIDADES LLEGARON AL TRIBUNAL DE CUENTAS Por otra parte, el edil se dirigió al presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, Dr. Eduardo B. Grinberg para ponerlo en conocimiento de “una serie de irregularidades llevadas a cabo en el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon al momento de aprobar las ordenanzas Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2012”. “Estas irregularidades, que de forma manifiesta han incumplido lo establecido en lo ley Orgánica en sus artículos 98 y 99 han sido fundamentos de una acción de Amparo y de una denuncia penal por Abuso de Poder e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”, expresó en la nota. En ese marco, solicitó que la Delegación Local del Tribunal de Cuentas proceda a efectuar “inspecciones y auditorías” para determinar “la posible infracción a las normas vigentes durante el proceso de aprobación” de los mencionados expedientes; y que, asimismo, evalúe “la conducta de los funcionarios involucrados”.