En sus alegatos, sostiene que los contratos entraron en vigor después de que el gobierno de Cristina de Kirchner acordara la expropiación de la participación mayoritaria que Repsol tenía en YPF y pide una compensación por daños.

“La voluntad de Chevron de sacar provecho de la expropiación del interés mayoritario de Repsol en YPF contrasta con el interés de otros jugadores de peso en la industria del gas y del petróleo”, precisa la demanda.

El nuevo reclamo judicial se produjo un día después de que Repsol presentara una demanda contra la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la expropiación del 51% de YPF.

En ella, solicitaba el inicio de un procedimiento de arbitraje contra Argentina por violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina, de 1991.

Según explicó la petrolera española, el monto que reclama se dará a conocer cuando se presente los detalles de la demanda.

La estrategia judicial de Repsol se inició en noviembre, ante un juzgado mercantil de Madrid, quien admitió a trámite una demanda presentada por Repsol en contra de Chevron por el acuerdo de la petrolera estadounidense con para entrar con YPF en el proyecto de Vaca Muerta.

En su demanda, Repsol consideraba que Chevron incurre en un caso de competencia desleal al aceptar el ofrecimiento del Gobierno argentino a participar en un proyecto como el de Vaca Muerta, desarrollado por YPF, recientemente expropiada a la petrolera española.

La compañía presidida por Brufau había advertido que demandaría a cualquier compañía de la competencia que aprovechara la expropiación que califica como “ilegal” para asociarse en proyectos de YPF.

Repsol anunció además que adoptaría todas las medidas legítimas a su alcance en contra de relaciones de negocio con la petrolera argentina que perjudiquen sus intereses.

En septiembre, pasado, Miguel Galuccio, presidente y CEO de YPF, firmó con el responsable para América Latina y África de Chevron, Ali Moshiri, un memorandun de entendimiento en el que ambas compañías expresaban su interés en evaluar, mediante un proceso de investigación y desarrollo de proyectos conjunto, el posible aprovechamiento de Vaca Muerta.

Galuccio destacó además en ese momento que el acuerdo con la compañía estadounidense supone “el primer paso de una relación que será larga e importante”, mientras que Moshiri se mostró “satisfecho” por “acompañar este nuevo proceso de YPF”, ya que “su éxito será el de todo el sector”.

Chevron sumó así otro proceso judicial por su actividad en Latinoamérica donde ya enfrenta otro juicio por un derrame en Brasil y otro por contaminación en Ecuador donde fue sentenciada a abonar 19 mil millones de dólares y que derivó el embargo de sus activos en Argentina.