Obispos del país intentan desplegar una ofensiva para conseguir que las provincias no acaten o deroguen los protocolos hospitalarios para la atención de abortos no punibles solicitados por mujeres víctimas de violación.
La ambición es que no se acate el fallo de la Corte Suprema.
Un artículo que Guillermo Villarreal firmó en la agencia Diarios y Noticias (DyN) asevera que la Iglesia Católica intenta desplegar una “ofensiva fuerte” a fin de conseguir su ibjetivo.
La estrategia de los obispos -explicaron- no es sólo declamatoria, sino que incluye una campaña “en positivo” para hacer frente a las consecuencias que dicen conlleva la sentencia del máximo tribunal.
El objetivo de esta iniciativa es atender el “daño moral” provocado a la mujer violada mediante un operativo amplio de contención psicológica y espiritual, y apoyar leyes que favorezcan la adopción de bebés fruto de situaciones “violentas y condenables”.
Mario Poli ya hizo declaraciones en ese sentido. En una homilía en Eduardo Castex aludió al “pecado” cometido por los funcionarios. Ya había considerado, en una homilía en Santa Rosa, que la Corte “ha vulnerado el derecho a la vida de los niños en gestación, legitimando el aborto en los casos de embarazo provenientes de una violación”.
“El aborto nunca es una solución”, insistió Poli.
Ese día lanzó una advertencia a los diputados al señalar que una legislación que acompañara los alcances del fallo de la CSJ tendría consecuencias “jurídicas, culturales y éticas” porque un marco legal en ese sentido “no protege la vida” sino que “favorece una cultura de la muerte”.
La batalla
El artículo de Villarreal, especializado en el seguimiento de los movimientos de la Iglesia Católica, indica que la “batalla por la vida” de la Iglesia se plantea desigual y con pronóstico de derrota, dado que varias provincias implementaron por decreto o por ley guías de procedimiento médicos para contemplar estos casos de aborto, sin necesidad de una autorización judicial y con la sola presentación de una declaración jurada de la supuesta víctima.
Añade que el principal frente eclesiástico se despliega por estas horas en Tucumán, donde el arzobispo Alfredo Zecca intenta presionar al gobernador tucumano José Alperovich para que no reglamente un protocolo hospitalario, aunque el mandatario adelantó que sumará su adhesión al fallo de la Corte.
El prelado tucumano reunió la semana pasada a dirigentes políticos de diversa extracción partidaria, ante quienes advirtió que la Iglesia “bajo ningún aspecto va a aceptar que se avale el aborto”.
Monseñor Zecca planteó como argumento que “el embrión no es un lunar que pueda extirparse como si fuera un lifting o alguna otra cirugía estética”.
En Entre Ríos, los obispos de las tres diócesis del territorio provincial se unieron para exigir la derogación del decreto del Ministerio de Salud entrerriano que aprueba la guía de procedimientos para abortos no punibles, y reclamar la protección integral de las embarazadas que han sufrido violación.
“Lo único que se busca es que se pueda abortar expeditivamente a instancias del Estado y con la complicidad obligada del médico”, cuestionaron en una declaración conjunta.
En La Pampa -cita DyN- el obispo Mario Poli salió a cuestionar con vehemencia a los legisladores que aprobaron el protocolo, al considerar que “corrieron la línea de la vida hacia el abismo de la muerte” e hicieron caso omiso de la Constitución Nacional que, a su entender, es “más generosa” en el respeto de la vida por nacer.
La recomendación de la Corte Suprema de redactar protocolos o guías hospitalarias para la interrupción de embarazos en casos de violación sin necesidad de autorización judicial fue puesta en práctica por 14 provincias.
Todavía no se pronunciaron Río Negro, Mendoza, Jujuy, Chaco, Corrientes, Santa Cruz, San Luis, Catamarca, San Juan y la ciudad de Buenos Aires.
Salta es un caso especial, dado que el gobernador Juan Manuel Urtubey firmó -polémica mediante- el decreto correspondiente, pero agregó consideraciones que no estaban contempladas en el fallo del máximo tribunal.
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