La Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) se reunió días atrás con la ausencia de los gobernadores de Chubut y Santa Cruz, quienes buscan incrementar las regalías mineras. El organismo mediará ante los reclamos de esas provincias que buscan obtener mayores ganancias de la actividad.
El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, había tratado de avanzar en la creación de un protocolo minero que establezca las inversiones para el desarrollo social y una ley que grava 10% las transacciones que las empresas realicen entre privados sobre yacimientos santacruceños. En tanto, su par de Chubut, Martín Buzzi, busca implementar un marco regulatorio incrementando las regalías mineras de 3% a 8%, y las hidrocarburíferas de 12 a 16%.
La reunión de la OFEMI se llevó a cabo con los representantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Participaron los gobernadores Eduardo Fellner (Jujuy), Juan Manuel Urtubey (Salta), Lucía Corpacci (Catamarca), Luis Beder Herrera (La Rioja) y José Luis Gioja (San Juan).
En común acuerdo, establecieron que los planteos que puedan realizarse en las provincias con emprendimientos mineros y que “puedan complicar el desarrollo de la industria” deben resolverse “desde la política”.
La CAEM manifestó su desacuerdo frente a las medidas que las provincias patagónicas impulsan en las Legislaturas para aumentar la carga impositiva que enfrentan las empresas, como los proyectos que establecen nuevos cánones sobre la actividad.
Los gobernadores de la OFEMI garantizaron a los empresarios que “Nación y las provincias están en armonía para fijar reglas claras y alentadoras para el despliegue de la actividad” y prometieron que mediarán frente a sus pares de Chubut y Santa Cruz .
Breves
* La Justicia de Chilecito determinó que la minera canadiense Osisko Mining Corporation detenga la exploración, ubicada en Famatina, La Rioja, hasta que se realice un inventario de glaciares.
* La senadora radical por Mendoza, Laura Montero, impulsa una iniciativa para reducir un 5% de los recursos coparticipables de Nación y destinarlos a las provincias en un plazo de dos años.
* Grupos ambientalistas que realizaban un “corte informativo” al tránsito en La Rioja denunciaron que la Policía de Catamarca y “una patota” a favor de la minería persiguieron a asambleístas para obligarlos a volver a su provincia de origen.
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