"Odebrecht podrá seguir en el país si devuelve la plata de las coimas"

Lo definiría el juez, según al líder en temas penales de Cambiemos. Defiende detención de Sala.

La diputada radical Gabriela Burgos preside la comisión de legislación penal desde que Mauricio Macri es presidente y nunca pudo aburrirse.

Por sus manos pasaron todas las leyes para combatir la inseguridad y este año lleva adelante el régimen penal contra personas jurídicas, que incluyó una cláusula para que conocer a quién le pagaron coimas los ejecutivos de Odebrecht.

 

"Lo pidió Garavano cuando fue a Estados Unidos y supo que puede tener una lista de nombres", explicó la jujeña en una extensa entrevista a LPO.

 

Tampoco esquivó la polémica detención de Milagro Sala. "Es una prisión preventiva justificada y los organismos internacionales no escuchan a sus víctimas", se lamentó.

 

 

 

 

 

 

 

-¿Qué puede aportar la ley de responsabilidad penal empresaria al caso Odebrecht cuando ya hay fiscales en Argentina y Brasil trabajando?

 

 

 

-Esta ley llegó antes del escándalo de Odebrecht, de hecho el proyecto llegó a fines del año pasado, cuando lo más importante era el presupuesto. Bien iniciado el año legislativo comenzamos a trabajar el proyecto y justo salió lo de Odebrecht.

 

El tema específico de la ley no podemos aplicarlo retroactivamente. Por eso sumamos una cláusula transitoria, que es cuando puede regir durante un tiempo.

 

Pero no obstante, el carácter administrativo que se le da a esa cláusula significa que se puede aplicar el tema del colaborador eficaz, una de las opciones que está en la ley.

La ley de responsabilidad penal empresaria no se puede aplicar retroactivamente para el caso Odebrecht, por eso incluimos una cláusula transitoria de caracter administrativo para incorporar el colaborador eficaz.  

 

Consiste en aportar datos e información y devolver lo percibido en forma irregular y de esta manera poder ahondar en los actos de corrupción que haya podido cometer la empresa, pero con anterioridad a la vigencia de la ley.

 

Nos estaríamos yendo a actos anteriores a la vigencia de esta ley, que es lo que posibilita esta cláusula: que puedan ajustarse a este acuerdo y suministrar datos e información.

 

Esto va a estar regido a través de la Procuración del Tesoro de la Nación y controlado por la Sindicatura general de la Nación.

 

-¿Esta propuesta de la vía administrativa surge cuando el tema ya estaba tratándose? ¿Lo pidió Garavano para el caso Odebrecht o surgió de ustedes?

 

-Fue una cláusula que trajo el Ministerio de Justicia y la Oficina Anticorrupción (OA), que nos sumaron y nos invitaron a ver si estábamos de acuerdo, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos transitando y el viaje del ministro a Estados Unidos.

 

Allí hay una buena predisposición para darnos información sobre la actuación de Odebrecht en el país y una lista de nombres donde estarían implicados algunos funcionarios que se desempeñaron en el Gobierno anterior.

 

Con esto se pretende ir a fondo del tema Odebrecht y la posibilidad de que los directivos de la empresa puedan ampararse y brindar información.

 

-¿Usted se imagina a Odebrecht devolviendo las coimas que pagaron para seguir a cargo de las obras que tiene adjudicadas o cree que debería irse del país?

 

-Dentro de la misma ley hablamos de la posibilidad de mantener la relación contractual pero con la devolución del dinero que fue producto de las coimas.

 

Es complicado de entender el tema, pero lo que se quiere mantener es la relación. Tengamos en cuenta que acá si bien se persigue y se intenta que las personas jurídicas no cometan actos de corrupción, para que eso ocurra tiene que haber habido funcionarios dispuestos a cometer actos de corrupción. No podría haberse realizado lo primero si no hay lo segundo. 

-¿No es contradictorio que las empresas mantengan una obra que obtuvieron pagando coimas?

 

-No es toda la empresa ni los que intervienen en el directorio los que estuvieron de acuerdo para que esto se lleve adelante. Justamente cuando hay un convenio, está la posibilidad de detectar quiénes participaron para que este tipo de hechos puedan llevarse adelante.

 

No me imagino una empresa que solamente se conforme para cometer actos ilícitos. No es la finalidad que tiene una empresa, las sociedades no se conforman para cometer actos ilícitos. Estaríamos desnaturalizando la existencia de la sociedad.

 

 

 

¿Cómo puede sentirse una empresa que se presentó a una licitación ganada por Odebrecht si sabe que la que ganó lo hizo pagando coimas y continúa la obra?

No es cierto que en nuestro país no se puede hacer nada contra la corrupción, la ley que estamos trabajando viene a complementar, pero existe una legislación para combatir la corrupción.

 

 

 

-No estoy diciendo que como prima face la empresa continuará, es una opción del juez. Tenemos que ver quiénes intervinieron, si fueron empleados o directivos. Si fueron los directivos estamos hablando de algo sumamente complicado, porque toman decisiones en forma directa. Eso tenemos que diferenciar. 

 

Por eso en la ley se establecen sanciones para los empleados. No es prima face que continúe con las obras, quedará a disposición del juez para ver qué tipo de intervención, cuál fue el daño producido y si hay o no posibilidad de devolución.

 

-¿Qué imagina usted que pueda terminar pasando con Odebrecht a partir de la ley, en la que los diputados intervinieron activamente?

 

-No es tan así, hicimos algunas apreciaciones que creíamos concernientes y enriquecían aún más la redacción original que era confusa. No estábamos de acuerdo en que solamente una empresa adquiriendo el régimen de complainant quede exenta de responsabilidad. Puede eximirse si se dan ciertos requisitos.

 

Esta ley es necesaria, es conveniente y va a tender a impedir actos de corrupción. Yo no digo que la vamos a desterrar por completo, hay países avanzados que no lo lograron, pero si controlar.

 

Se persigue que se sientan con las garantías suficientes aquellos que cometieron estos actos para poder dar la lista de nombres, para que se persiga a los que participaron en forma directa de corrupción.

 

Pero esto no implica que en nuestro país no pueden hacer nada porque no tienen esta ley. Saquemos ese fantasma. Eso significaría que hay una falta total de legislación y no es así. Tenemos que complementar, eso sí. 

-Usted habló de que un juez define el futuro pero para el caso Odebrecht creó una vía administrativa.

 

-La vía administrativa es para el acuerdo de colaboración en los hechos que se tomaron con anterioridad. Todo lo posterior es penal.

 

-¿No se podía hacer una ley penal retroactiva como fue para el 2x1 a genocidas?

 

-Las leyes se aplican para el futuro. En materia penal rige la retroactividad de la ley siempre y cuando sea más buena. Mejore o beneficie al que está imputado. ¿Pero cómo vamos a aplicar la retroactividad de la ley si antes no había una ley?

 

El caso Gils Carbó

 

-El año pasado trabajó y no logró sancionar la ley del Ministerio público ¿Qué balance le quedó?

Gils Carbó no actuó rápido en el caso Odebrecht y es una figura relacionada con el Gobierno anterior, al que le han saltado irregularidades en el manejo de fondos y adquisición de propiedades, no está encuadrara éticamente para el lugar que ocupa.

 

-Nos debemos un debate sobre el tema del Ministerio Público. Es notorio que en este tema (por Odebrecht) donde debería haber actuado rápido la procuradora, no lo hizo.

 

Estamos hablando de una figura importante dentro de este esquema y al estar relacionada con el Gobierno de la gestión anterior, donde han saltado algunas irregularidades en el manejo de fondos y adquisición de propiedades, estamos viendo que no estaría encuadrada éticamente. No estaría en condición de ocupar lugar que ocupa.

-¿Cuáles son las reformas penales que están pendientes?

 

-Hemos sacado dictamen sobre agravantes de los delitos contra quienes están en estado de vulnerabilidad: mujeres embarazadas, mayores de 70 años y discapacitados. También profesionales de la medicina cuando son agredidos en los nosocomios y de la educación.

 

También vamos a tratar el registro de violadores. Es complementario del de ADN, que sólo tienen los magistrados.

-Durante el debate en comisión hubo varios diputados que decían que ese registro podría derivar en escraches y hasta en linchamientos ¿Lo tendrá la policía o el público?

 

-Es para la gente, para todos. Cualquier ciudadano podrá acceder a los datos de los violadores que cumplieron una condena.

 

-¿Cree entonces que no hay riesgo de estigmatización e imposibilidad de reinserción, que es uno de los problemas del servicio penitenciario?

 

-¿Las víctimas no son estigmatizadas para toda la vida? La idea de los legisladores es proteger, tener conocimiento de quién vive en el barrio.

 

-¿Comprobaron que los violadores reinciden?

 

-El alto índice de reincidencia con respecto de este tipo de delito es alarmante. Hay estudios a nivel internacional. Tuvimos contacto con personales psiquiátricos y psicóticos la postura mayoritaria es que la posibilidad de que vuelvan a cometer este tipo de actos es altísima.

 

-¿Avanza el juicio por jurados a nivel nacional?

 

-Sí, lo que se suscitó con la sentencia contra el empresario Fernando Ferré fue excelente. Ese fallo saca el mito, el miedo de que la sociedad no está preparada para dictar un veredicto.

 

Para mí, la sociedad tiene el sentido de justicia en su estado natural, sin ningún tipo de contaminación. No lo hacen como un trabajo, que lo respeto, vengo de una familia de un juez. El juicio por jurados es democratizar la justicia y posibilitar que la ciudadanía se acerque. 

Hablan de los derechos humanos de Milagro Sala, pero los organismos no prestan oído a las víctimas de esa mujer:¡No los quieres escuchar! ¡Parece que los derechos humanos está cercenados para algunos!

 

Hay un alto consenso para ponerlo en tratamiento. El Ministerio de Justicia también esta en esa línea. En la brevedad voy a pedir que cada bloque aporte nombres de profesionales para hacer una jornada con este tema junto a especialistas.

 

El caso Milagro Sala

-¿Qué siente cuando escucha a presidentes extranjeros, organismos internacionales o el Papa pidiendo liberar a Milagro Sala? 

 

-Lo quisieron hacer internacional los operadores del Gobierno anterior, que están bien posicionados en el mundo, como el señor Horacio Verbitsky.

 

Me gustaría que todos aquellos que hablan se acerquen a Jujuy y escuchen a gran parte de la población y tomen conocimiento de lo que significó el tiempo en que esa mujer estuvo en la provincia. Que cogobernaba y dirigía la vida de los jujeños.

 

La imagen que quieren traslucir de Sala no es la realidad que vivíamos los jujeños. Hablan de derechos humanos de Sala, pero los organismos de derecho humanos prestaron oído a Sala y no la cantidad de víctimas que están en Jujuy.

 

Muchas de ellas contaron sus historias duras, que significaron violación flagrante de derechos humanos. ¡Por qué no van a Jujuy! ¡Por qué no quieren hablar con esta gente! ¡O parece que los derechos humanos están cercenados para algunos!

 

Muchos se animaron a hablar, muchos otros no, porque están aterrados. Y los que hablaron el año pasado en la Comisión de Seguridad del Congreso sufren y están con custodia policial porque fueron amedrentados en forma permanente, con llamados por teléfono, tiradas de piedra. Una fue golpeada cuando bajaba del colectivo a otra le cruzaron los autos. Hay un montón de acciones que hoy en día están sufriendo a esta gente.

¿La detención se ajusta a derecho? ¿Por qué la ONU la calificó de arbitraria?

 

-Se ajusta a derecho, porque hay dos condiciones básicas que establece una prisión preventiva, que establecen los organismos internacionales y la ONU: el peligro de fuga y el entorpecimiento en el desenvolvimiento del proceso.

 

 

 

-¿Y en cuál se enmarca la de Milagro Sala?

 

-El entorpecimiento. En las causas en que se dictó la prisión preventiva está justificada en eso. Incluso el año pasado al ser un principio de excepcionalidad el de la prisión preventiva, está la obligación de parte del Estado de revisar en forma permanente si los motivos que llevaron a esa condición se mantienen.

 

El Ministerio Público de la acusación, encabezado por Sergio Lello, lo puso en análisis el año pasado. Ordenó a los fiscales que analicen si las condiciones que en su momento llevaron a la declaración de prisión preventiva se mantenían en la actualidad. Y se respondió de sí.

 

-Pero los organismos internacionales siguen con dudas. Y hasta la ex canciller Malcorra no se expresaba.

 

-Los organismos nunca adquirieron la otra información.

El ex gobernador Fellner va a tener que dar explicaciones ante la justicia por lo que hizo Milagro Sala, porque el tenía que bregar por la seguridad de todos los jujeños y no lo hizo. Por acción u omisión es responsable.

 

-¿Tampoco cuando fueron a Jujuy?

 

-Pero no se expidieron más. Fueron hace tres semanas y no hablaron de Milagro Sala. Hablaron en general de las condiciones de prisión preventiva en el país. Pero no se focalizaron en Milagro Sala

 

-¿Hablar de prisión preventiva en Jujuy no es hablar de Milagro Sala?

 

-No hablaron expresamente de ella. Hablaron de las condiciones de prisión preventiva y es verdad que Argentina hace mucho tiempo recibió un llamado de atención sobre sus condiciones de prisión preventiva y justamente el fiscal Lello puso en conocimiento todo lo que se hizo respecto a la excepcionalidad de la prisión preventiva.

 

 

 

-El kirchnerismo dice que Milagro Sala asistió a un sector que siempre estuvo en total desamparo, con obras que nunca se habían hecho. ¿Qué hay de cierto?

 

 

 

-Yo no voy a negar que se hicieron obras, pero fue con plata que la Nación le daba. Lo que tenía que hacer a través del Gobierno, porque tenemos instituciones, no se tenían que hacer a través de organizaciones. Las tenían que hacer el Instituto de Vivienda, no una organización.

 

Acá se quiso empoderar a una organización. La Provincia no hacía obras, porque los fondos no le llegaban. Lo que hizo Sala no fue porque era una luchadora o una trabajadora. Yo quiero saber qué paso con el dinero que se destinó a viviendas que no se construyeron.

 

¿Por qué el material era de cuarta categoría? ¿Por qué no se tomaron previsiones y se hundieron casas? ¿Por qué entraban casas en condiciones de cuevas? ¿Por qué en ciertos lugares se construían viviendas y resulta que era otra provincia?

 

¿Por qué eran las mismas personas para las obras en Jujuy, en Mendoza? ¿Siempre las mismas caras? Se cometieron actos de corrupción donde intervino por acción u omisión quien era gobernador, Eduardo Fellner, que está procesado y con pedido de detención.

 

 

 

-¿Debe ir preso Fellner?

 

-Fellner como todos los funcionarios que tuvieron algo que ver con la corrupción en Jujuy van a tener que dar explicaciones en la justicia. Porque Fellner tenía que bregar por la seguridad de todos los jujeños y no lo hizo. Permitió que otra persona asuma en su lugar.

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