La información se conoció ayer en los tribunales federales de Santa Rosa. La medida había sido pedida por los cuatro abogados querellantes en el juicio, Miguel Palazzani, Eduardo Fernández, Carina Salvay y Franco Catalani. Odasso planteó hace unos días promover una investigación sobre la actuación de Gatica, mientras que ayer completó la medida al reclamar lo mismo para López y Velásquez. Los tres ex comisarios pampeanos habían sido mencionados en el sumario administrativo que se hizo en el año 1984 contra los represores del grupo de tareas que actuó en la Subzona 14, pero a pesar de que había algunos testimonios que los mencionaban, quedaron fuera de las causas judiciales posteriores. Por eso sus nombres no estuvieron entre los acusados de secuestros y torturas que son juzgados en la actualidad.

Pero durante las audiencias en el proceso que se lleva adelante en el Colegio de Abogados, víctimas y, sobre todo, ex policías que declararon como testigos, los mencionaron como parte del grupo de tareas. Por eso fueron denunciados como posibles partícipes de los delitos que se están juzgando.

En los fundamentos de Odasso se incluyeron los testimonios que dieron los testigos durante las audiencias y que señalan a los tres ex comisarios, Gauna, Gatica y Velásquez, realizando tareas en la represión ilegal. Gauna actuó en la Seccional Primera durante la dictadura y era titular de la comisaría de Jacinto Arauz cuando ese localidad fue copada por el Ejército y se detuvo a varios docentes y vecinos; Gatica cumplió servicios en la Seccional Primera en el año 1976; y Velásquez además estuvo en la Brigada de Investigaciones durante ese tiempo.

Odasso, ante los testimonios que surgieron del juicio y el pedido de los abogados querellantes, consideró que los tres ex uniformados pudieron haber cometido un delito de acción pública y solicitó como primera medida que se pida al Tribunal Oral Federal copias de las declaraciones producidas durante los debates. Además indicó que cuando haya una declaración escrita que los mencione, se le envíe fotocopia certificada y si de esas pruebas surge la participación de los sospechados, que se los cite a indagatoria y se produzca eventualmente sus detenciones. Pero primero el tribunal federal deberá tener las pruebas, y luego instruir una causa. De acuerdo a las fuentes de los tribunales federales, el juez Zabala estaría esperando que termine el juicio y se completen todos los testimonios que faltan para pedir que se remitan las actuaciones.