El intendente de 25 de Mayo, David Bravo, tiene sobre sus espaldas un nuevo pedido de indagatoria de la Justicia Federal, que ya lo procesó en una causa vinculada con la habilitación de prostíbulos en el ejido de su ciudad.
Bravo ya está procesado por la habilitación del cabaret El Rancho, cuyo propietario Javier Ulrich fue detenido y juzgado en un hecho inédito. Ahora, el intendente reincidió pero además de permitir el funcionamiento del cabaret (prohibido por la ley) actuó contra una ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante en 2010 y que él mismo promulgó. Se trata de la normativa que prohibió el funcionamiento de cabarets, night clubs y cualquier otro local que se utilizara como pantalla para ocultar prostíbulos.
En este caso, el cabaret que habilitó el intendente Bravo es el denominado Venus. Junto con el jefe comunal, la fiscal Odasso también requirió las indagatorias del secretario de Obras Públicas de la comuna veinticinqueña, Aldo Javier Martínez; de la dueña del local, Nuris Carballo Castillo; y de la regente, Mayerlin Nuñez Castillo. En el caso de las dos mujeres, el delito imputado es uno, la violación la Ley de Profilaxis (12331).
El funcionamiento del cabaret Venus fue constatado por la Justicia Federal a través de allanamientos.
En el caso del cabaret El Rancho, Bravo está procesado por abuso de autoridad, dadas las serias irregularidades detectadas en el trámite administrativo que concluyó con la habilitación del local. Esa causa fue una derivación del caso de trata de personas por el que fue juzgado Ulrich, quien terminó condenado por el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.
En su momento se especuló que Bravo podría llegar a ser inhabilitado como intendente, pero su carrera política continuó al amparo de una medida cautelar, presentada por sus abogados en el fuero Civil, en la cual pidió la inconstitucionalidad del artículo 118 de la Ley de Municipalidades y Comisiones de Fomento, es decir, aquel que indica que los funcionarios municipales no pueden asumir en sus cargos si sobre ellos pesa un procesamiento judicial.
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