El encuentro contó con la participación de representantes de los Estados Provinciales de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, conjuntamente con Uniones Industriales y Sectores Gremiales de estas provincias, como así también autoridades del Consejo Federal del Trabajo. Por San Luis, firmó la nota el titular del Programa Relaciones Laborales, Alberto Lindow.

El documento expresa (textual):

Que se realizarán las gestiones necesarias para la defensa del Régimen de Promoción Industrial contemplado en la Ley Nº 22.021 y la extensión de su vigencia por medio del Decreto Nº 699/10, en cuanto coadyuva en la generación de condiciones estratégicas para el progreso de las actividades industriales y su rol en la generación y conservación de empleo genuino y su aporte al producto bruto geográfico (PBG) y al producto bruto interno (PBI) de nuestro país.

Que la ley 22.021 y el decreto 699/2010, consecuencias del Acta de Reparación Histórica, fue un reconocimiento al gran aporte que hicieron nuestras provincias a la gesta emancipadora, contribuyendo a la organización del país sobre las bases federales.

Que disminuir las brechas de productividad entre las regiones del país ha sido una política inquebrantable del Estado Nacional, lo que redobla los compromisos de los estados provinciales respecto a sostener las estrategias de radicación de inversiones extranjeras, promover la responsabilidad social empresaria y el cuidado del medio ambiente, coordinar la cooperación entre agentes económicos, fortalecer la base empresarial de las provincias, y coordinar inversiones complementarias para integrar los polos de desarrollo aumentando su efecto multiplicador.

Que la extensión del Régimen de Promoción Industrial para las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis plasmada en el Decreto Nº 699/10 reúne los criterio de pertinencia propios de una política de desarrollo sustentable, lo que reafirma una postura histórica del Estado de la Nación Argentina en cuento defendió y defiende el desarrollo federal, armónico e integral de las diferentes regiones de nuestro país.

Que todo ánimo de impedir la continuidad de éste régimen, no representará sino la posibilidad de un perjuicio directo sobre los pueblos de las provincias incluidas en el mismo, en tanto, son los ciudadanos los beneficiarios directos de esta política a través de su impacto en la creación y conservación de puestos de trabajo, como así también en el incremento de valor agregado de los productos de la región exportados a los mercados internacionales.

Que la radicación de las empresas beneficiarias de los regímenes promocionales importó para nuestras provincias 50.000 puestos directos de trabajo y un porcentaje superior de puestos indirectos, generando un importante crecimiento económico, permitiendo la creación de numerosos puestos de trabajo y el desarrollo de nuestras economías, logrando disminuir la brecha existente con el resto de las provincias.

Que el capital productivo tiene un esquema de inversión global, buscando las mejores condiciones de inversión en función de la rentabilidad esperada, en razón de lo cual, la lógica del mercado debe ser guiada por la del Estado en búsqueda de un desarrollo equilibrado en todo el territorio nacional, evitando la concentración de capitales en aquellos puntos geográficos con mayores ventajas competitivas y comparativas en función de razones históricas y naturales.

Que este crecimiento y desarrollo armónico de las economías regionales y provinciales significa, ni más ni menos, que lograr el arraigo de la población en los pueblos del interior evitando así, grandes éxodos de trabajadores migrantes a los grandes centros urbanos y las consecuencias que de ello se derivan.

Que frente a los actuales contextos internacionales con crisis financieras y productivas en países antes impensados, los mercados han dejado de ser estables y se caracterizan por mayores niveles de complejidad e incertidumbre, frente a lo cual, el Régimen de Promoción Industrial aporta dinamismo y competitividad en los esquemas productivos de nuestras provincias, contribuyendo a alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable de mediano y largo plazo, con su consecuente impacto positivo en los indicadores sociales y económicos.

Que se respaldará y sostendrá toda política de apertura del espacio económico nacional que fortalezca un esquema federal de desarrollo de las actividades industriales y que por ello ninguna provincia debería sentirse afectada en tanto los indicadores empíricos así lo demuestran.

Que la progresiva inclusión de amplios sectores sociales al consumo ha dinamizando el mercado nacional, generando las condiciones para consolidar los sector industriales conformados en nuestras provincias optimizando los niveles de oferta destinados al mercado interno.

Que la adhesión de nuestras provincias y de las del resto del país al decreto nacional 699/2010, según lo solicitado en el seno del consejo federal del trabajo, es con el propósito de afianzar un modelo productivo y sustentable en nuestras provincias que garantice un desarrollo armónico y federal de la Nación, con empleo e igualdad de oportunidades para todos sus habitantes y lograr el reconocimiento sincero y sin mezquindades para todos los que dieron todo por una patria grande y justa.