Ocho organizaciones que defienden los derechos de diversidad sexual denunciaron ayer al gobernador por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público y apología del delito, porque incitaría con su conducta a que otros incurrieran en actos ilícitos. La presentación que se realizó ante la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales de la Legislatura está basada en declaraciones de Celso Jaque emitidas el 22 de este mes. En esa oportunidad, el mandatario comunicó que había instruido al ministro de Gobierno, Mario Adaro, para llevar adelante un relevamiento de los funcionarios públicos que quisieran alegar objeción de conciencia a fin de no cumplir con su función de celebrar un matrimonio entre personas homosexuales. Había dicho Jaque que “aún cuando la ley de matrimonio homosexual no incorporó la objeción de conciencia, en lo personal estoy totalmente convencido de que desde el punto de vista del espíritu de la Constitución existe”.

ARGUMENTOS. Los denunciantes solicitaron a la comisión que corrobore la veracidad de los hechos denunciados y “que investigue qué acciones concretas hizo Jaque con respecto a su orden de confeccionar un listado de objetores de conciencia”, según manifestó Diego Pedernera, uno de los firmantes. Manifiestan quienes hicieron la presentación: “En primer lugar, la objeción de conciencia no está contemplada en la ley, por lo que esto es un derecho de cada persona pero no puede ser propuesto por un funcionario público como lo es el gobernador, quien tiene que garantizar, ante todo, el cumplimiento de la ley”, afirmaron Juan González y Fernanda Marinero, también participantes de la denuncia.

QUIÉNES. La presentación fue efectuada por los referentes de Vanguardia Queer, Redes Nueva Frontera, Diversidad Universitaria, Colectivo La Cortina, Acción Ciudadana para la Integración de la Diversidad Sexual (ACIDS), Organización Mendocina de Integración de Minorías Sexuales (OMIN), Organización Identidad y Conciencia (OIC) y Colectivo Las Pájaras.

CÓMO SIGUE. La citada comisión está presidida por el diputado Ricardo Puga, quien expresó que ayer notificó al ministro Adaro de la denuncia y que este le respondió que “no existe ninguna resolución, decreto o acción tomada por el Gobierno para conformar un listado de objetores de conciencia”. Según Puga, Adaro le manifestó: “Todos van a cumplir con la ley”. El lunes, el ministro remitirá a la comisión un informe con estas aclaraciones.