Como uno de los puntos principales se establece que el Tribunal Electoral deberá garantizar a los fines de la utilización del sistema de boleta electrónica, una serie de condiciones tales como que exista siempre el respaldo en papel de cada voto emitido,

Además las fuerzas políticas podrán controlar y fiscalizar la elección en sus diversas etapas, incluyendo la posibilidad real y concreta de conocer y auditar cómo funciona el sistema de boleta electrónica y su código fuente.

También se indica que el sistema impida la posibilidad de conocer el sentido del sufragio manteniendo con absoluta certeza el derecho al voto secreto.

Existe un apartado especial que refiere a la auditoría que se deberá ejercer al voto electrónico durante una elección.

De esta manera se establece una operación de revisión y confirmación que el sistema informático utilizado ha funcionado correctamente, para lo que se efectuará un sorteo, para elegir el cinco por ciento de las mesas que se utilizarán como testigos para la validación del acto electoral.

En esas mesas el recuento se hará mediante su apertura y recuento manual de votos, debiéndose cotejar el resultado de los certificados de escrutinio con los votos soporte papel efectivamente contenidos en las urnas correspondientes a cada mesa.

En caso de haberse encontrado diferencias en alguna de las mesas testigos, se procederá a realizar el escrutinio definitivo de las demás mesas mediante la apertura de la totalidad de las urnas y el recuento manual de los votos.

Por último se indica que el Tribunal Electoral deberá efectuar auditorías periódicas del sistema de boleta electrónica antes y después de cada elección, con la participación de organizaciones no gubernamentales dedicadas a los sistemas políticos o a la defensa de los usuarios y de las universidades.

En caso de detectarse un mal funcionamiento del sistema se deberá aplicar el mecanismo de rescisión del contrato con la empresa proveedora del servicio.