La nueva postergación del juicio por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar, cuyo inicio estaba previsto para el miércoles, efectuada a raíz de la resolución tomada por la Cámara de Casación Penal Federal, constituye “un acto de absoluto descompromiso por parte de los magistrados responsables con el proceso de memoria, verdad y justicia que con esfuerzo mayúsculo viene llevando a cabo el gobierno nacional desde el año 2003”, afirmó Beatriz Gentile, delegada en Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El viernes, el Tribunal Oral Federal de Neuquén decidió suspender el comienzo del juicio tras conocer la resolucóhn de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que resolvió dejar sin efecto la designación del juez Mariano Lozano para integrar el tribunal y mencionar en su reemplazo al Juez Norberto Ferrando y, como jueza sustituta, a María del Carmen de la Barrera de Inglemo.

Gentile señaló que la resolución emitida por la Cámara Federal de General Roca de dejar sin efecto la designación del juez Lozano para atender en esta causa y designar en su reemplazo a jueces jubilados “que no están en condiciones de hacerse cargo de dicho proceso”, a sólo dos días del comienzo del juicio “no puede ser interpretado sino en clave de obstaculización a la búsqueda de la verdad e impedimento al ejercicio de la justicia”.

Para Gentile esta suspensión “contribuye a la perpetuación de la impunidad para con los crímenes más aberrantes que se hayan cometido en la historia argentina”.

Agregó que con esta segunda suspensión (la primera fue la que estaba prevista para el 2 de noviembre de 2011) se atenta nuevamente "contra las víctimas, revictimizándolas y negándoles el derecho a tener un juicio justo".

Además, según Gentile, afrenta "a toda la sociedad argentina y a los demás poderes de la república que con mucho esfuerzo vienen trabajando para saldar de una vez por todas las deudas institucionales que un pasado macabro ha dejado pendiente”.

La delegada regional subrayó que es “lamentable” que “los intereses personales y mezquinos de algunos funcionarios judiciales terminen opacando el trabajo genuino y honroso que muchos miembros del Poder Judicial de la Nación realiza, como lo es la labor llevada a cabo por el Tribunal Oral Federal de Neuquén”.

En este segundo tramo del juicio hay un total de 24 imputados, incluidos siete ex jefes militares que fueron acusados y condenados en el año 2008 por crímenes de lesa humanidad en el primer proceso judicial, además de integrantes del Ejército, Gendarmería, Policía Federal, policías de Neuquén y Río Negro, y de servicios de inteligencia que integraban los operativos de persecución, desaparición y tortura en los centros clandestinos de detención.