Los ex trabajadores de EDESA que se manifiestaron a la Legislatura (al igual que ocurrió durante el tratamiento por parte de Diputados del Proyecto elevado por el Poder Ejecutivo Provincial), pese a la sanción definitiva de la ley, demostraron su insatisfacción pero no hubo protesta, atento al opertivo de seguridad que se montó que incluyó un vallado al Palacio de Mitre 550 y numerosos efectivos en el lugar.

Raúl Juárez uno de los principales protagonistas de la lucha y referente de Orán afirmó que “se le condona la deuda de EDESA que tiene con nosotros por las acciones gananciales, los dividendos que obtuvieron por esas acciones que abarcan el 10 %”. Por su parte el abogado Fabricio Ferreyra sostuvo a Nuevo Diario que “esta es una ley a medias, que si bien libera las acciones, el pago de los dividendos no está claro, por el término “si existiera” cuando lo correcto hubiera sido la palabra “existentes”, como lo planteó la senadora Claudia Silvina Vargas (Cafayate-UCR) en el recinto, quedando la responsabilidad del Estado eximida y que da por concluído el Programa de Propiedad Participada, que no es procedente”.

Junto a una movilización que alcanzó a una cincuentena de personas afectadas desde 1996 por no contar con las acciones clase C derivadas de la privatización de la Dirección Provincial de Energía, el asesor letrado delineó que hubo otros intentos previos para deslindar las responsabilidades del Estado como la propuesta de 2005. En la gestión de Juan Carlos Romero que propuso a los ex trabajadores la firma de acuerdos por $ 5.600 por la entrega de las acciones. Se agregó el decreto 754 del 27 de diciembre de 2011, que fue publicado en el Boletín Oficial y decía todo lo contrario de lo que por último el Gobierno decidió elevar como proyecto de ley a la Legislatura, contradiciéndose, afirmó Ferreyra.

En definitiva se avanzó en una solución para los ex obreros de energía, ahora queda el camino de las instancias judiciales para que EDESA pague los dividendos surgidos por las acciones gananciales, así como daños y perjuicios. Citó que hay dos presentaciones en contra del decreto citado por parte de Raúl Gutiérrez y Normando Carabajal que fiscalía tiene pendientes y acciones judiciales contencionsas administrativas que pasaron a la Corte de Justicia.