El concejal Gabriel Romero salió a relucir las desprolijidades que hay en torno a las obras públicas promovidas por el ejecutivo municipal y puntualizó que "10 empresas privadas fueron adjudicadas con 2 millones de pesos sin previa convocatoria o licitación pública". "Tenemos semiplena prueba de que fraccionaron el monto para no exceder el límite permitido de 3 millones de pesos para obras públicas, y así adjudicar un plan a privados", dijo el legislador. Y agregó: "De las 10 empresas, 5 de ellas no están dentro de la especialidad para hacer obras y las restantes no están registradas. Que estos recursos provengan desde Nación, no quiere decir que se va resignar el cumplimiento de nuestra norma. Si en estos días se descubre que hay un ilícito en la práctica, vamos a proceder en una denuncia", sostuvo Romero.

Actualidad | Hoy 12:00

Comienza a ser recurrente que concejales del municipio capitalino, cuestionen la poca transparencia en la gestión del intendente Camau Espínola en lo que respecta a obras y acciones públicas. Se inició con la nieve hace unos meses atrás y continúa hoy con la pavimentación de calles por empresas privadas que fueron adjudicadas, según palabras de los ediles, de manera desprolija o ilícitas”.

Detrás de esta preocupación, Gabriel Romero acusó investigación y salió a relucir las irregularidades que podría tener consecuencias legales. "Me tocó investigar las 10 empresas privadas que fueron adjudicadas en obras públicas. Lo cual, fue objeto de tratamiento y elevamos un pedido de informe para que se explique con claridad, porqué se eludió las exigencias legales.

Porque ninguna de las 10, están inscriptas en el Registro de constructoras de la provincia ni cumplen con los requisitor administrativos ni condiciones técnicas. Lo curiosos es que no se convocó a una licitación. Son aproximadamente 2 millones de pesos por cada una de las licitaciones privadas que fueron a las empresas. Por lo tanto, en vez de hacerlo público, fraccionaron el monto para no exceder el límite permitido que es 3 millones", aclaró el funcionario municipal.

Y agregó: "tenemos semiplena prueba que fue esa la práctica, adjudicaron los 2 millones en forma dividida para no superar el monto que establece la ordenanza muncipal en lo que respecta a obras públicas. También, de las 10, 5 no están habilitadas para hacer este tipo de trabajo ni cuentan con la especialidad, y las restantes no están registradas".

Por su parte, Romero consideró que según la investigación hecha hasta el momento, "hay obras que están flojas de papeles y los manejos son pocos trasparentes", y consideró que "de no haber una solución o definición en un corto plazo dentro del ámbito político, se hará una presentación en la justicia.

"La propia ordenanza de obras públicas del municipio cuestiona este tipo de maniobras. No lo quiero afirmar, pero se está trabajando en este sentido, y de no haber definiciones, puede dar lugar a acciones penales porque es una obra artificial que se ha adquirido para superar un problema económico. Que estos recursos provengan desde Nación, no quiere decir que se va resignar el cumplimiento de nuestra norma", finalizó.