Vecinos damnificados por los derrumbes del gimnasio de Villa Urquiza y el boliche Beara y una vecina que tiene su casa en peligro de derrumbe se reunieron junto a diputados de la Ciudad para discutir acerca de la falta de control por parte de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Coincidieron en que sus problemas se originaron en la “negligencia y omisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. También estuvo el Defensor del Pueblo adjunto, Gerardo Gómez Coronado, y el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel. Los vecinos aseguran que existen más de 3000 casos de daños por obras habilitadas en forma irregular