Históricamente, el principal negocio en Rafaela es el inmobiliario. De hecho, la ciudad surgió como un desarrollo urbanístico en manos del urbanizador Guillermo Lehmann. A casi 130 años de ello, las cosas no han cambiado mucho.

Pese a los esfuerzos realizados en los últimos años para intervenir en el mercado, con la intención de que la clase media pudiera volver a la tradición de que, con el esfuerzo propio, se pudiera comprar un terreno y luego construir su futuro hogar, aún no se ha alcanzado modificar el principal escollo: los altos precios de las tierras.

En el Concejo Municipal ronda una idea que comienza a plasmarse, aunque más no sea por ahora, en discursos que no distinguen partidos políticos: la intención de que el Estado se asocie con algunos privados para el desarrollo de determinadas zonas de la ciudad, las cuales están señaladas como prioritarias para la densificación urbana.

Uno de los principales escollos que hay en nuestra ciudad es los tiempos en que los lotes salen al mercado. De acuerdo a la consideración de algún edil del oficialismo, el mecanismo de la rentabilidad de la tierra es "perverso". Esto se debe a que una vez que el inversor se hace de la tierra, sube el precio en función de lo que supone que valdrá en el futuro, al mismo tiempo va sacando pocos lotes al mercado para que los valores no caigan (dicen que no salen más de 50 lotes al año para no saturar el mercado y así, no bajar los precios). Esto implica que, cuando los nuevos dueños llegan y comienzan a construir sus viviendas, comienzan a solicitar que los servicios que brinda la Municipalidad lleguen al sector. Inmediatamente, esto incrementa inmediatamente el valor de los otros terrenos, lo que hace que nuevamente los valores se incrementen.

A esto hay que sumarle otro punto: los concejales saben que la declaración de áreas de interés público (también conocidas como "huecos urbanas") aumenta el valor de los tributos que deben pagar los dueños, obligando en muchas veces a vender el terreno o a lotearlo. Pero no soluciona el problema de fondo, porque los valores a los que se vende la tierra es tan alto, que es imposible para que los sectores medios puedan comprar su lote.

Ante esta situación, una de las posibilidades que se barajan es que haya incentivos por parte del Estado local para que haya más oferta en el mercado. La idea es que las exigencias por parte del Municipio sean mayores en la medida que salgan al mercado menos lotes.

La otra opción es que en aquellos lugares en donde se piense en un loteo de grandes dimensiones y en las zonas en donde se desea densificar la ciudad, la Municipalidad ofrecerá al privado asociarse. ¿Cuál sería el pacto? La Municipalidad realizaría las obras de infraestructura requeridas a cambio de quedarse con una parte de la tierra. Con esto se busca incorporar más tierras al Instituto Municipal de la Vivienda que, a su vez, puede subdividirla en terrenos de menores dimensiones y, por lo tanto, a menor precio, llegando así al sector social que se pretende.

SUPRAESTRUCTURA

En el Concejo Municipal sobra el apoyo político al Instituto Municipal de la Vivienda, al cual se le modificó el estatuto hace unos años, dando una enorme cantidad de herramientas, las cuales aún no todas se pusieron en práctica (como por ejemplo, microcréditos destinados a viviendas).

Pero algunos afirman que el IMV es una herramienta ejecutora, no planifican. Muchas veces hay problemas que aparecen en loteos que requieren de respuestas específicas. Y puestos a negociar los funcionarios municipales (desde el empleado más raso al jefe, alcanzando incluso al Intendente) con los dueños de las tierras, que tienen como su principal negocio las mismas, se encuentran en una situación de mucha desventaja.

Es por ello que algunos entienden que debe crearse una especie de comisión especial que esté por encima de todas las estructuras, que esté encargada de cómo será la ciudad y cuáles serán las características que tenga.