“La obra pública está parada, salvo para los intendentes del GBA”

En diálogo con La Tecla.info, el intendente de Pergamino manifestó que él y otros intendentes “se sienten discriminados” por el otorgamiento de obra pública. Además, se refirió al proceso judicial que entabló a Aníbal Fernández, del cual el Jefe de Gabinete resultó sobreseído
El intendente de Pergamino, Héctor Gutiérrez, señaló, en dialogo con La Tecla.info, que “no existe” relación con el Gobierno nacional. “En una actitud fundamentalista y poco plural, los que pensamos diferente somos considerados enemigos, ni siquiera adversarios”, fundamentó.

Gutiérrez detalló que “de ellos hacia nosotros la actitud es esa; nosotros, en cambio, tenemos hechas muchas gestiones: solicitudes de vivienda a la Secretaría de Vivienda, cuestiones ambientales, etc”.

Consultado sobre si se siente “discriminado” por el Gobierno nacional a la hora de recibir inversiones en obra pública, Gutiérrez dijo: “Claro que nos sentimos discriminados, la obra pública está parada, salvo para ciertos intendentes del Gran Buenos Aires. Seguramente en vísperas del proceso electoral se va a poner en marcha”.

El juicio a Aníbal Fernández

Sobre el reciente sobreseimiento de Aníbal Fernández en la causa que Gutiérrez le iniciara hace un año tras declaraciones mediáticas del polémico ministro en las que hablaba de la existencia de “un intendente cercano a Cobos que sería pedófilo”.

“Yo, obviamente, me sentí aludido, atento a que la Coalición Cívica, a través de Piemonte, había impugnado mi nominación como Diputado nacional del sector de Cobos porque, aducían, yo estaba vinculado a un tema de prostitución de menores”, explicó Gutiérrez, que agregó: “el tiempo y la justicia demostraron que esto era totalmente falso; no tenía sustento real ni legal. Obviamente, al sentirme aludido, querellé a Fernández”.

La resolución del conflicto tuvo a lugar hace una semana, cuando, explica el Jefe comunal, “en un acto de cobardía, en segunda instancia, Fernández se amparó a la eliminación de las figuras de calumnias e injurias del código penal y solamente dejó abierta la puerta a un resarcimiento económico”.

El Intendente se mostró indignado por el comportamiento del ministro: “esto me parece una atrocidad –manifestó-; si otrora el honor se purgaba en el campo de duelo –hablo de un extremo-, no podemos hablar de una cuestión de dinero para reparar las cuestiones de honor”.

Sin embargo, admitió que sólo le queda someterse a la acción del Congreso, aunque reconoce que está evaluando “ir a una instancia superior o ir por el resarcimiento económico que, obviamente, pondremos a disposición de alguna institución de bien público”.

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