La tradición marca que al momento de discutir el destino de fondos para la concreción de obras públicas, la lupa siempre estará puesta sobre la forma en que los montos de dinero se aplicarán para tal fin y el respectivo control que recaerá sobre dichas partidas.

Ayer, en la sesión legislativa, este aspecto, que ya resulta trillado en la historia de los debates parlamentarios, volvió a marcar presencia durante el tratamiento del denominado programa "Más obras para más Trabajo", cuyo objetivo es la realización de obras de infraestructura vial en los municipios de la provincia, a través de una financiación de 200 millones de pesos provenientes del Fondo Federal Solidario (retenciones a la soja).

La discordia se generó puesto que los organismos ejecutores de las obras en cuestión se encontrarán facultados a contratar en forma directa, previo cotejo de precios, la adquisición de bienes y servicios necesarios para tal fin. A ello se suma la capacidad de administración independiente que ostentarán los respectivos municipios a la hora de la puesta en práctica de este programa.

"Con esta medida consolidamos a la obra pública como pilar estratégico para reactivar la economía y generar fuentes de trabajo de forma tal de ampliar la producción local en aras de solidificar el mercado laboral", adujo Guillermo Gassenbauer para destacar los puntos a favor que conlleva la homologación de dicha norma.

Buenas y malas de la norma

Visión contrapuesta a la que esgrimió la radical Silvia Elías de Pérez quien sostuvo que "lo que estamos por votar es cómo quitar autonomía a los Intendentes para que haya menos control. Caemos en una democracia plebiscitaria donde las instituciones no funcionan, ya que una cúpula de poder toma la decisiones por todos", se quejó la correligionaria.

Para contrarrestar la crítica desatada, el oficialista Gregorio García Biagosch señaló que "se respetan las autonomías municipales porque este programa no es compulsivo sino se efectúa por medio de ordenanzas donde se expresa la adhesión de cada municipio a la ley", según se consigna en el primer artículo de la norma.

Al momento de ingresar en el contrapunto suscitado por la forma de contratación de las obras, Ariel García (UCR) marcó el puntapié inicial al mencionar en forma de sorna que "en el único lugar de la provincia donde existe la licitación pública es en la Constitución, porque en cada ley de esta Legislatura brilla por su ausencia" la metodología mencionada.

Esta argumento fue apoyado por su correligionario, Federico Romano Norri al opinar que "las buenas intenciones que podría tener el proyecto vienen acompañadas por las malas prácticas de la contratación directa que afectan la calidad y cantidad de las obras a concretarse", precisó.

Teniendo en cuenta lo aseverado por el democristiano José Páez, a partir de la puesta en vigencia de esta iniciativa "se violenta la Ley de Administración Financiera porque no se cumple con la contabilidad provincial", tal aspecto se vincula con lo determinado en la normativa en la cual se refleja que el monto de dinero asignado ingresará a los respectivos Fondos Fiduciarios Municipales con el carácter de no reintegrables.

Al respecto, vale indicar que dichos fondos no son contemplados en el Presupuesto General de la provincia, por lo que carecen de seguimiento alguno, a pesar que "el Tribunal de Cuentas objetó la falta de controles administrativos en una de sus acordadas, si se tiene en cuenta que al 31 de diciembre de 2010, estos fondos ascendían a la suma de 1.000 millones de pesos", recalcó Ricardo Bussi.

Tanto José Teri como Roque Álvarez (ambos del PJ), desecharon las críticas al afirmar que "las obras son reclamadas por un bien público y para una licitación pasan tres o cuatro meses si es que no se cae el proceso debido a las denuncias entre las propias empresas", lo que demoraría la operatividad de las mismas obras.

El proyecto obtuvo el aval de la bancada oficialista con la postura en contra de Romano Norri, Bussi, García, Elías de Pérez, Páez y Roberto Sánchez.