Un apartado del fallo exhorta a los gobiernos a dictar "normas del más alto nivel" para que los hospitales apliquen el aborto no punible. La Provincia busca ponerse a tono. Tres ministros están al frente del discreto trabajo.
Acordes a esta realidad, el protocolo mendocino está en marcha. Paco Pérez ensayó inicialmente una reacción ambigua al histórico fallo (habló de que tiene efecto solamente sobre un caso particular), pero enseguida tuvo que ponerse a tono con la exigencia.
El gobernador tuvo la semana pasada una reunión con tres ministros (Carlos Díaz Russo, de Salud; Félix González, de Trabajo y Gobierno; y Guillermo Elizalde, de Acción Social), a quienes les encargó la delicada misión de elaboral el instrumento.
Reclamó en ese encuentro extrema discreción en la tarea porque no quiere instalar este tema en la agenda. Nada de medios que polaricen el problema entre abortistas y no abortistas, dicen que fue el mensaje.
La elaboración del protocolo es urgente, pero se terminará de delinear en el Poder Ejecutivo después de Semana Santa. Y algunos de sus principios rectores ya trascendieron.
Pastillas y dramas familiares
Primero y principal, una aclaración de los funcionarios: el Estado ya tiene un mecanismo de reacción ante el fenómeno de una mujer violada que queda embarazada.
Desde el Poder Ejecutivo hicieron hincapié en que existe y se aplica en los hospitales locales un kit para las mujeres violentadas que consiste en la famosa pastilla del día después, junto a otros medicamentos para enfrentar o prevenir enfermedades venéreas y el virus HIV.
El Gobierno cree que las efectivas pastillas alcanzan para parar los embarazos no queridos de manera instantánea en la mayoría de los casos. Salvo uno específico y muy extendido: los embarazos que se producen en el seno familiar por relaciones enfermizas entre sus miembros.
No ocurre solamente en Mendoza. El caso original, que dio origen al fallo de la Corte Nacional, fue precisamente el de una madre de Chubut que decidió pedir el aborto para su hija, quien había sido violada por su padrastro.
Mendoza ha tenido casos tremendos, como el del "Chacal de la Cuarta Sección", que sometió durante años a una hija y la hizo madre varias veces.
La comisión de ministros buscará, a la luz de estos acontecimientos, que el protocolo sea sumamente efectivo para asistir a las víctimas de violaciones intrafamiliares. Por eso una de las aristas será vincular el manual de asistencia a un programa de asistencia a víctimas de delitos sexuales que ya existe. Aunque la herramienta deberá, a decir de los propios funcionarios, potenciar el descubrimiento de estos velados casos y la protección posterior de la víctima.
Médicos
Otro elemento que se está discutiendo es, desde otra óptica, muy delicado también.
El protocolo buscará asegurar en el sistema sanitario la existencia de efectores del aborto no punible, pero se encuentra en la obligación también de crear un registro de objetores de conciencia, que son aquellos médicos que se niegan al aborto por cuestiones ideológicas o religiosas.
Las dos instrucciones están ya contempladas en el propio apartado 29 del fallo de la Corte. Y en Mendoza está muy arraigado el rechazo médico a la práctica del aborto.
"El abortero está muy mal visto por sus colegas", dijo la semana pasada el presidente del Círculo Médico, Ignacio Berríos, a pesar de que es una verdad oculta que varios colegas suyos se enriquecen en la clandestinidad con la práctica de abortos ilegales.
Protagonistas
Hasta aquí las puntas conocidas del protocolo en elaboración. Queda por analizar a los encargados de concretarlo. Para Díaz Russo, el ministro de Salud, el tema es su primer gran desafío político. Después de un par de declaraciones desgraciadas sobre el fallo de la Corte (muchos colegas suyos también las tuvieron) el funcionario fue condenado por el gobernador al más estricto silencio.
Díaz Russo no subsistirá al frente si sostiene prejuicios como que las adolescentes acudirán al aborto no punible para evitar el embarazo, a pesar de no haber sido violadas. La mira, por lo tanto, está encima suyo más que de nadie.
En otro extremo se encuentra el titular de la cartera de Acción Social, cuya primera reacción al fallo fue de celebración. "Esclarece definitivamente las dudas", afirmó Elizalde, aún cuando el propio gobernador Pérez daba declaraciones mucho menos contundentes, más bien destinadas a la polémica.
El tercero en cuestión es González, cuya posición es un misterio, pues es el que más se ha cuadrado con las instrucciones de Pérez de hacer silencio.
El tiempo y las acciones del trío de ministros dirán si ese silencio responde a la discreción operativa o a un menos defendible principio: "De eso no se habla".
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