En declaraciones radiales también confirmó que el gobierno tiene “la decisión de avanzar en el proceso de regularización laboral” y que esto “se va hacer a través de decretos” en los que se estuvo trabajando y que están a la firma del gobernador Jorge Capitanich.

Esa alternativa se sustenta en el marco de leyes que al Poder Ejecutivo le otorga “la facultad de regular el ingreso en base a la cantidad de cargos libres existentes y con un sistema de concursos”.

Un tema en debate

El funcionario admitió que es bueno que la Legislatura “siga dando el debate necesario: nosotros planteamos tres patas: una regularización laboral, límites al empleo público de carácter político y empezar a abordar el problema del déficit previsional”, y en ese sentido no habló de “una solución, pero sí de empezar a abordarlo”.

Para el gobierno esto “tiene un componente central, que es el de incremento de aportes. En este momento la caja es deficitaria en el orden de los 350 millones de pesos al año, y esto requiere un abordaje”.

Según dijo, este déficit se está pagando en parte con el aporte de la Anses, en parte con el superávit de la Obra Social y aportes del Tesoro de la provincia. En definitiva, todos los chaqueños están pagando el déficit de la caja previsional de los empleados públicos.

“Acá hay un problema en perspectiva a medida que va aumentando la longevidad de las personas y en consecuencia el déficit tiende a acentuarse. Entonces nos parece muy importante encarar la discusión”, acotó.

La búsqueda de equilibrios

Aguilar dijo que esta ley siempre tuvo una tercera parte, que es la que planteó “un incremento de aportes que hay que ver cómo se puede resolver en el conjunto de intereses que representa la Cámara de Diputados y los distintos gremios del sector público”.

Al respecto precisó: “La administración pública tiene 9000 contratos, de los cuales 3000 se van a incorporar por el pase a planta en Salud y otros, entre 6000 y 6500 contratados de obra, y además hay cerca de 1500 jornalizados, en un proceso que se fue desnaturalizando porque estos contratos son para una obra pública específica por tiempo determinado”.

A eso se sumó otro segmento: el de los becarios, que también el ministro afirmó “se fue desnaturalizando con el paso del tiempo, porque hay gente que presta servicio hace muchos años, algunos entre 5 y 7 años en Centros del Menor o Registros Civiles”.

Por eso el funcionario insistió en que la ley diga que “en los casos para cubrir los cargos necesarios, que están siendo cubiertos por jornalizados o becarios esta gente deberá ser incorporada al pase a planta, sobre la base de la estructura orgánica óptima que determine cada área del Poder Ejecutivo”. El gobierno hizo una previsión de aproximadamente 10 millones de pesos para lo que considera será el incremento de aportes patronales en un proceso de tres años, con pases a plantas por tercios: 2011, 2012 y 2013.

Además Aguilar afirmó que de los parámetros blindados “están excluidos los aportes previsionales, y de hecho excluimos la edad, por eso inicialmente incluimos el aumento de la edad para los nuevos ingresantes. Eso es algo que se puede discutir perfectamente”.

“Esto abarca nada más que el Poder Ejecutivo, pero no alcanza ni a empresas del Estado: Secheep, Sameep, EcomChaco ni incluye ni Poder Legislativo ni Poder Judicial. Si todas las dependencias del Poder Ejecutivo y organismos autárquicos y descentralizados”, añadió.

Con los números de septiembre, el 70 por ciento de los ingresos de la Coparticipación Federal se destina a la masa salarial del sector público y a partir del presupuesto de 2011 “la relación será de equilibrio y nos dará pie para avanzar en una política salarial”.

Por eso el Poder Ejecutivo planteó que los distintos sectores avancen “el mismo incremento salarial” que se puso en evidencia en 2010, y el segundo aspecto es que “los incrementos salariales estén estrictamente ligados con los aumentos de la coparticipación para mantener esa relación ingresos y gastos”.