El Concejo Deliberante se apresta a oficializar hoy, desde su Comisión de Hacienda, el segundo rechazo a la forma en que administró el dinero de la Municipalidad de Córdoba durante 2011 el ex intendente Daniel Giacomino. Se descuenta que en igual sentido se pronunciará luego el pleno del cuerpo, probablemente en la sesión prevista para el jueves 27.

La cuenta general del ejercicio 2011 ya fue objetada en primer término por el Tribunal de Cuentas, con el voto de sus cinco miembros (tres radicales y dos riutoristas), quienes fueron invitados a exponer en la reunión de hoy a las 9.15.

Según los tribunos, la información disponible en la cuenta 2011, el estado de situación patrimonial, y también de la deuda pública “no reflejan la situación económico-financiera en la que se encuentra la Municipalidad”.

Apuntaron que existen “diferencias contables entre montos pagados por el Poder Ejecutivo Municipal y los efectivamente autorizados” por el Tribunal de Cuentas, por un monto total de 434 millones de pesos.

De esa cifra –precisaron– 226 millones de pesos corresponden a ordenes de pago que fueron observadas y visadas con reservas por el Tribunal y devueltas al Ejecutivo, que igualmente las terminó abonando.

En tanto, otros 208 millones de pesos surgen de pagos que Giacomino dispuso por su cuenta, insistiendo en la firma de sus secretarios, como mecanismo para contrarrestar la falta de aval de los tribunos.

Sobre los números de 2011 el oficialismo también cuestiona el fuerte crecimiento de la deuda pública, que pasó de 660 a 1.020 millones de pesos.

Esos números fueron anticipados por el intendente Ramón Mestre a poco de asumir y algunos ítems del gasto, sobre los que recaen sospechas de irregularidad, fueron analizados en la auditoría de corte que realizó la consultora Deloitte y que la semana pasada Mestre elevó a la Justicia Penal.

A partir de esa denuncia, las sospechas de irregularidades administrativas y corrupción que afectan principalmente al ex intendente Daniel Giacomino y a su ex secretario de Finanzas y actual funcionario provincial, Gabriel Bermúdez, serán investigadas por el fuero Anticorrupción.