Calderón tiene el mandato expreso del Congreso mexicano de repudiar la ley de inmigración de Arizona. Obama les prometió a los sectores hispanos que les llegó el turno a los más de doce millones de indocumentados que viven en el país.
Los dos presidentes llegan al encuentro con muchas presiones. Calderón tiene el mandato expreso del Congreso mexicano de repudiar la ley de inmigración de Arizona, una norma que permite a la policía detener a cualquier persona que podría haber ingresado ilegalmente al país. Si la persona en cuestión no tiene todos los documentos migratorios encima, el oficial puede arrestarla, sin mediar más preguntas. Según las autoridades en DF, alrededor de un millón de mexicanos vivirían legal e ilegalmente en el estado de Arizona. Desde la Casa Blanca, ayer confirmaron que el tema estará dentro de la agenda. “Sin duda alguna, Obama conversará con Calderón sobre la ley de Arizona, la necesidad de una reforma migratoria integral y sobre cómo estas cuestiones afectan tanto la relación bilateral como a cada uno de nuestros países”, adelantó una fuente del Ejecutivo.
Pero Obama también se sentará a dialogar presionado. Ayer el mandatario recibió una carta de los dos senadores republicanos por Arizona, su ex rival electoral John McCain y Jon Kyl, para reforzar la frontera con México. “Le solicitamos que despliegue al menos seis mil efectivos de la Guardia Nacional para proteger nuestra frontera sur y que tres mil de esos soldados se concentren en Arizona”, reclamaron. El pedido no es nuevo, pero sí es un recordatorio para la Casa Blanca de que la reforma migratoria no saldrá fácil en el Capitolio. A sólo meses de triunfar con la reforma de salud, luego de una tortuosa y desgastante campaña, Obama le prometió a los sectores hispanos que les llegó el turno a los más de 12 millones de indocumentados que viven en el país.
Las organizaciones de derechos humanos también siguen con atención la visita de Calderón. Ayer el Subcomité de Derechos Humanos del Senado dedicó una sesión a la situación en Colombia y México, dos receptores de millones de dólares del Tesoro norteamericano. “La impunidad casi total de los abusos militares se origina en que la Justicia militar mexicana no está estructurada para ventilar imparcialmente presuntas violaciones a los derechos humanos de civiles”, criticó el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. La AFL-CIO, la principal central sindical estadounidense, también cuestionó la represión a la clase trabajadora en el país latinoamericano.


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