La dirigencia del Colegio de Abogados de la capital volvió a pedirle al gobernador, José Alperovich, que no se aparte del dictamen del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) según el cual María Isabel Bravo fue la única de 13 concursantes que reunió el puntaje exigido para aspirar a una de las vocalías vacantes en la Cámara en lo Civil y Comercial Común de Concepción.

El secretario de la entidad, Jorge Contrera, se manifestó con contundencia. "Sin dudas, este Gobierno nunca estuvo acostumbrado a vivir con apego a la ley y ahora, paradójicamente, se escuda en ella para no cumplir con sus obligaciones constitucionales. La crisis de la Justicia no le importa. Dio pelea durante cuatro años para que no se conformara el CAM y, luego, tuvo que tolerarlo a regañadientes, sin olvidar que quiso moldearlo a su medida. Ahora, se apega a la excesiva discrecionalidad de que el CAM le remita cinco nombres por vacante", aseguró.

El dirigente insistió en el mismo concepto. "El gobernador no debe poner trabas, sino que debe ayudar a la solución de esta crisis y a que haya jueces independientes. Si a la Ley 8.197, que organiza el CAM, se la interpreta armónicamente con lo que subsiste del artículo 101, inciso 5 de la Constitución, surge que el dictamen que el CAM remite es vinculante. Por eso, el Ejecutivo no tiene más opción que designar a Bravo. Por supuesto que leer el último párrafo del artículo 16 de la Ley 8.197, que exige el quinteto, es más funcional a sus pretensiones que leer el artículo 101, inciso 5 de la Constitución", remató.