Horacio Etchichury, uno de los abogados más estudiosos de esta normativa, destacó que no hay conocimiento suficiente desde la sociedad de sus alcances y que es clave que empiece su tratamiento
“Es positivo que se comience con el debate de este proyecto, porque refleja que el movimiento social de denuncia del Código de Faltas, ha llamado la atención de la Legislatura”, dijo el letrado sobre este avance, en tanto que aseguró que “si el resultado de esta apertura es un código mejor, algo que todavía está por verse, sería un paso importante”.
Etchichury tuvo su primer acercamiento al Código de Faltas mientras trabajaba en el servicio Paz y Justicia de Córdoba, un organismo de Derechos Humanos al que llegaban muchos casos de jóvenes detenidos. “Más tarde, estando en la facultad, observé que no había muchos trabajos de análisis sobre la normativa y me especialicé en la denuncia de los aspectos inconstitucionales del Código”, recordó el letrado.
- ¿Considera que ahora existe el apoyo social indicado, más allá de los organismos, para el debate?
- Creo que el tema, socialmente, no está muy conocido, a pesar de que hay miles de personas detenidas por esto. La demanda de mayor seguridad y protección, que es totalmente legítima, a veces se ha usado para justificar el Código de Faltas. En sí mismo, no está suficientemente demostrado que sirva para dar mayor seguridad. Éste gobierno, y los anteriores, no han podido demostrar que la aplicación de Código reduzca la delincuencia. Esto pasa porque la normativa castiga muchas conductas que no están ligadas directamente a lo delictivo, y llevar miles de personas detenidas por no tener DNI o por consumir alcohol en la vía pública sin estar alcoholizados, no necesariamente previene un delito.
- Muchas veces se menciona al Código como herramienta indispensable para la actividad de la Policía, ¿cree que se hace un abuso de esa herramienta?
- El abuso debería estudiarse en cada caso, sería un mal uso del Código. Sin embargo, el problema con la normativa, así como está, afecta muchos derechos. Por lo pronto, no asegura la defensa de las personas detenidas, no hay obligación de darles abogados, y quien dicta la sentencia es un comisario y no un juez. Eso muestra que la Policía tiene poderes demasiado amplios. Por otra parte, es inconstitucional porque castiga actitudes que no son dañinas para nadie.
- ¿Qué artículos considera que deberían modificarse sin falta?
- Los artículos más cuestionados son los del merodeo, la omisión a identificarse, la prostitución molesta o escandalosa, el consumo de alcohol en la vía pública, la mendicidad. Son varias conductas que, en el fondo, son simplemente opciones de vida o actitudes que a la gente pueden no gustarles pero pertenecen al ámbito privado, aunque se hagan en público. El Estado se ha reservado el poder de castigar cosas que en realidad no tiene derecho de castigar.
- ¿Se debería acompañar la modificación al Código con algún otro tipo de medida?
- Cualquier modificación profunda requeriría un replanteo del trabajo policial. Una institución que está muy acostumbrada a trabajar con esta herramienta debería redefinir su forma de trabajo, un proceso que no sería para nada imposible. Además, es importante que la Policía se apoye en el Código Penal, que castiga conductas realmente dañinas y que habilita a los agentes a proceder cuando un delito está pronto a cometerse.
Inconstitucional
Horacio Etchichury destacó que el Código de Faltas es una herramienta inconstitucional y ya la Corte Suprema de la Nación, en el año 2010, ha tenido un fallo muy relacionado. La resolución fue respecto al procedimiento que rige en Tucumán, donde la misma Policía es la que juzga.
“Su normativa es idéntica a la de Córdoba, por lo que aquí podría haber en cualquier momento una condena como ésta”, dijo el letrado, y reflexionó: “Por eso, sería importante que los cordobeses nos diéramos un tiempo para volver a plantearnos la tarea policial, apelando a otras herramientas que son coherentes con el derecho argentino”.
- ¿Qué opinión le mereció la propuesta del Gobierno provincial de endurecer el Código y criminalizar la protesta?
- Indudablemente, esa propuesta va en contra de lo que es un acuerdo general, a nivel nacional, de no reprimir las protestas sindicales. Es algo que casi todas las administraciones del país, en distintos niveles, han acordado. La represión de la protesta ha causado muertes en el país, como el caso de Fuentealba en Neuquén o las víctimas de los hechos de diciembre de 2001. Por otro lado, las dos conductas que mencionó el Gobernador, la quema de cubiertas y el uso de pirotecnia, ya están castigadas por el Código con penas de arresto. Lo que queda, por lo tanto, es subir el número de días de arresto, pero ya es muy cuestionable que sea una idea positiva, porque no hace más que reforzar un planteo arbitrario.
Las últimas cifras conocidas sobre las detenciones en las provincias surgieron de un pedido del letrado y dan cuenta de más de 37 mil procedimientos en Córdoba capital en 2010, lo que significaría cerca de 76 mil en toda la provincia. No obstante, el acceso a esta información no le ha sido sencilla a Etchichury.
“Cuando he pedido informes sobre el número de detenciones, las primeras dos veces se me dio la información con muchos meses de demora. Hay una ley de acceso a la información pública que plantea un tiempo muy corto, pero que la Policía no respeta”, dijo Etchichury y señaló: “Ahora he hecho un último pedido de informe sobre el número de condenas, hace más de tres meses y todavía no me han contestado. En todos los casos, tanto en las cifras que he pedido y las que solicitaron legisladores u organismos de Derechos Humanos, la tendencia es del aumento permanente del número de detenciones”.
Finalmente, el letrado reflexionó: “Sin dudas, necesitamos tener información más actualizada y puesta al alcance de la población para poder indagar sobre la dimensión del fenómeno del Código de Faltas, de a cuánta gente está afectando y así saber hasta qué punto es eficaz la normativa”.
Luis Schlossberg
lschlossberg@puntal.com.ar
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