Esta causa, cuya denuncia se realizó en 2005, también tiene como imputado bajo la figura de peculado culposo (es decir, no participó de los hechos sino que se los implica por responsabilidades institucionales) al ex intendente Daniel Irigoyen; al ex secretario de Hacienda, Néstor Pérez; y al ex contador Pedro Pomés pero por su responsabilidad como funcionario público.

La audiencia de ayer se centró en la declaración del ex gerente del Bersa, Eduardo Londra; y los empleados del área de Informática Municipal, Miguel Galarza y Victorio Rébora, como así también del perito en Informática, Raúl Zappettini.

Como es ya habitual en este juicio, la audiencia de debate comenzó tarde, a las 10:15 y finalizó a las 17:30.

Todos los testigos comprometieron aún más al ex tesorero, Ángel José Giménez, porque en el caso del gerente del banco lo reconoció en los videos de esa entidad y ratificó el sistema de pago de los cheques; mientras que los empleados municipales como el perito en Informática derribaron la teoría de que el sistema contable podía ser modificado.

Londra ratificó el informe que envió en la etapa de Instrucción y reconoció que también remitió a la Justicia los videos que muestran a Giménez cobrando en el banco. Es más, ante un pedido especial manifestó que reconoce al ex tesorero de manera positiva y sin dudar.

Por otro lado, explicó cómo era el sistema de autorización para cobrar los cheques y ratificó que estaban firmados por los tres libradores en nombre de la Municipalidad e incluso endosados, agregando además que los cajeros conocían a Giménez y no se requería ninguna identificación más para ese trámite.

El segundo en dar testimonio fue Miguel Galarza, quien trabajó con Victorio Rébora en el sistema informático y aclaró cómo operaban las funciones y que todo estaba en Tesorería, en relación al libramiento y elaboración de los cheques. También descartó que pudieran ser alterados los asientos y las constancias del sistema informático municipal.

En tercer turno declaró Rébora, quien dio cuenta cómo funcionaba el sistema para capturar los ingresos y egresos Municipales. Y descartó de plano que los equipos pudieran ser modificados y alterados.

Luego declaró un ingeniero en Electrónica de apellido Pereyra y manifestó que intervino con el perito Informático Zappettini, en la elaboración de un informe pericial. En ese informe se ratificó y se expidió respecto a la imposibilidad de alterar los correos electrónicos que habían sido enviados desde Tesorería, los cuales intercambiaban informaciones Ángel Giménez con Sergio Varone u Carlos Gabriel Troncoso (esto es clave porque sería parte de la ruta del dinero) y que en esos correos hacían referencia a movimientos de fondos.

También contó que los correos impresos y agregados a la causa habían sido extraídos del disco rígido de la computadora que Giménez utilizaba en Tesorería.

Por último, declaró Zappetitini, quien ante una pregunta del vocal del Tribunal, Jorge Torres, sostuvo que las fechas de los mensajes del Outlook no podían ser modificadas. Y luego explicó varios correos electrónicos que intercambiaron Varone con Giménez, especialmente desde marzo de 2004.

Igual de significativo fue que confirmó que el contrato mutuo entre Varone y Giménez quedaba probado y que ese contrato permitiría inferir que era un elemento más para sustraer dinero. En un correo electrónico Varone llamaba “Angelito” a Giménez y le exigía más envíos de fondos para ganar en treinta días el cincuenta por ciento del dinero.

El desfalco en el área de Tesorería se estima en casi tres millones de pesos. A medida que pasan las audiencias de debate hasta el momento se consolida la percepción de que las pruebas contra el ex tesorero se robustecen y no se introduce ningún elemento por el cual se pueda inferir que todo obedece a una gran conspiración en su contra.