Una era previsible: la ratificación de que no habrá de apartarse "ni un centímetro" del rumbo económico. Después de ganar con más del 50% de los votos, es indudable que CFK continuará con la política de alentar el crecimiento de la economía apoyándose en el fuerte impulso del consumo interno, que fue uno de los principales factores -aunque ciertamente no el único- que le permitió alcanzar semejante victoria preelectoral. Habrá, entonces, "más de lo mismo". La pregunta, en todo caso, es en qué dosis.

La otra señal se presta a más de una interpretación. En su moderado discurso de la noche del 14 de agosto, Cristina convocó a la unidad de la sociedad y de sus dirigentes para no dilapidar los logros de los últimos años y seguir construyendo instrumentos que, "con errores y con aciertos", permitieron sortear la crisis externa de 2008/09, para enfrentar ahora un mundo difícil, superar diferencias, no discutir lo que ya está resuelto y "equivocarnos un poco menos". Hasta el tramo final de la campaña electoral estos conceptos, especialmente los entrecomillados, no han formado parte del vocabulario presidencial, aunque no dejan de ser bienvenidos.

Aquí surge otra pregunta: ¿qué errores estaría dispuesto a corregir el gobierno sin apartarse del rumbo económico? La respuesta resulta mucho más compleja. Sobre todo en medio del clima que provocó en el oficialismo el resultado de las primarias y que, ante la decepcionante performance de las opciones opositoras, transmite la sensación de que los problemas preexistentes hubieran quedado atrás.

En línea con la convocatoria presidencial, podría afirmarse que no puede estar en discusión que el crecimiento del PBI en los últimos años ha sido excepcional (80% acumulado desde mediados de 2002) y que abarcó a una mayoría de sectores productivos y de servicios. También que el estímulo oficial permitió convertir al consumo interno en la indiscutible vedette de la economía; que los favorables términos del intercambio permitieron apuntalarlo, con divisas e ingresos fiscales (especialmente del complejo sojero); que ello permitió crear más empleos y oportunidades de expansión en numerosas actividades del sector privado, mejorar ingresos reales y aumentar en más de diez puntos (hasta 40% del PBI) el peso del gasto público (empleos, nuevas jubilaciones, subsidios, obras pública) en la economía. Desde el punto de vista económico, el voto del domingo último seguramente fue, en buena medida, un reflejo de esta realidad. Pero remite al pasado más que al futuro.

El desafío por delante es cómo sostener este ritmo de crecimiento durante los próximos años, sin que las distorsiones que se han ido acumulando tiendan a debilitarlo paulatinamente. Con la economía al límite de su capacidad, se necesitaría un salto de inversiones privadas para aumentar la oferta y la creación de empleos. Pero la alta inflación y sus derivaciones son un escollo importante, aunque el gobierno no lo admita. Otro tanto ocurre con el cuello de botella energético, donde la menor producción de petróleo y gas se contrarresta con mayores importaciones, que reducen el superávit comercial y abultan el gasto público con subsidios crecientes, que ya restan caja a la inversión pública y al gasto social.

La buena noticia es que el gobierno dispondrá de mayor capital político y de tiempo para corregirlas sin un horizonte de crisis, a menos que el incierto cuadro económico mundial se complique mucho más. La mala es que, en razón de su actual hegemonía, debería ser el propio oficialismo quien reconozca a partir del 23 de octubre los principales problemas que fue barriendo debajo de la alfombra y gestionarlos de una manera diferente. En algunos casos, sin embargo, sólo debería tener presentes anuncios ya realizados sin incurrir en costos políticos adicionales.

Tres puntos clave

Un primer test sobre la vocación del Gobierno para corregir errores sin cambiar de discurso sería normalizar el Indec y sincerar la medición de la inflación. Puede reflotar -con asistencia técnica del FMI o sin ella- la elaboración del nuevo índice de precios al consumidor a nivel nacional y basar las políticas económicas y sociales en datos ciertos. Claro que, a cambio de mayor credibilidad en las estadísticas, esto supondría desarmar uno de los bastiones de Guillermo Moreno.

Otro es lograr que la inflación apunte hacia abajo para evitar la actual inercia indexatoria y avanzar más efectivamente en la lucha contra la pobreza. Una política fiscal, monetaria y de ingresos más articulada -aunque más no fuera de "sintonía gruesa"- implicaría un avance, que podría complementarse con el llamado a un acuerdo social, que difícilmente encontraría ahora resistencias en la dirigencia gremial y empresaria. De hecho, la UIA acaba de dar un primer paso en este sentido. El último informe del Banco Ciudad es elocuente sobre esta necesidad. "La inflación es un proceso que apenas entorpece el corto plazo -señala-, pero promete convertirse en un dolor de cabeza a largo plazo. En los últimos años, la estabilidad del tipo de cambio ha permitido sostener bajas las tasas de interés (incluso siguen siendo fuertemente negativas en términos reales) y doblegar cualquier atisbo de aceleración inflacionaria. La pregunta del millón sigue siendo por cuánto tiempo puede sostenerse una devaluación del 5/10% anual con una inflación del 20/25%. Los costos en dólares han seguido en aumento aquí y, por suerte, en toda la región y en prácticamente la mayoría de nuestros socios comerciales. Pero en los últimos años, la Argentina ha aventajado largamente al resto de los países con una inflación en dólares de las más altas de América latina. En algún momento, se sabe, habrá que bajar la inflación o comenzar a depreciar más rápidamente el peso para compensar la inflación pasada. Es una verdad de Perogrullo que esto sucederá tarde o temprano."

El tercer punto clave es detener la bola de nieve de los subsidios estatales. Hasta en sectores de ingresos medios hay consenso en que el congelamiento indiscriminado de tarifas de energía y transporte llegó a un extremo cercano al absurdo y debería dar paso a una recomposición gradual en el tiempo, que preserve una tarifa social para los más necesitados y libere recursos para otras prioridades. Para dar una idea de magnitud, estos subsidios (unos 70.000 millones de pesos para 2011) ya equivalen a tres veces el presupuesto educativo nacional.

Nadie puede asegurar hoy que estas correcciones formen parte de la agenda postelectoral de CFK. Pero sería un problema que no figuren si la prioridad es el crecimiento con inclusión social.