Abogados del ámbito previsional y entidades civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el Estado argentino no está cumpliendo con los compromisos asumidos el 4 de noviembre pasado ante ese organismo, tendientes a acortar los plazos de los juicios hechos por los jubilados y a mejorar los procesos del pago de las sentencias.

Entre otros puntos, se señala que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sigue apelando sentencias referidas a temas sobre los que ya se pronunció la Corte Suprema; se afirma que no se cumple en muchos casos con el plazo legal de 120 días hábiles para liquidar los fallos y se advierte que no se creó todavía un mecanismo para poder seguir la información sobre el tema.

El escrito enviado a la OEA por los abogados Sergio Brobovsky y Horacio González es una respuesta a un informe de la Anses de febrero pasado. Allí, el organismo que dirige Diego Bossio afirmó que entre 2003 y 2009 se liquidaron 145.000 sentencias y que se consintieron 13.681 fallos de primera instancia y 6688 de cámara, sin llevarlos a la Corte.

Sin embargo, los denunciantes expresan que tras el acuerdo se apelaron fallos de primera y segunda instancia, que ordenaban ajustar los haberes según los criterios ya definidos por la Corte, algo que el Estado se había comprometido a no hacer. Y mencionan "a modo ilustrativo" varias causas en las que se habría apelado.

La cantidad de demandas es creciente desde que la Corte dictaminó que debió haberse aplicado desde enero de 2002 un índice de movilidad para todas las jubilaciones. Como durante varios años hubo sólo subas selectivas -la primera que alcanzó a todos llegó en 2007-, muchos pasivos fueron perdiendo poder adquisitivo. Sólo en 2009 hubo más de 103.000 nuevos juicios.

Si bien renovada por esas razones más recientes, la petición original ante la OEA, denominada "Menéndez, Caride y otros" (por los jubilados afectados) data de 1995. Del reclamo participan el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Sin datos para el monitoreo

La nueva presentación de los denunciantes asegura que "habiendo transcurrido ya seis meses desde la firma [del acuerdo de noviembre] -y pese al compromiso de convocar a reuniones de trabajo cada dos meses-, el Estado aún no ha instrumentado el mecanismo de seguimiento periódico destinado a coordinar el trabajo de las distintas agencias estatales involucradas". El pacto fue suscripto por la Anses y la Cancillería.

Dada esa situación, se le pidió a la CIDH que "asuma un rol activo y arbitre medidas para que el Estado genere el mecanismo de diálogo y seguimiento comprometido".