La avanzada del bloque de diputados provinciales del oficialismo para sancionar esta semana tres proyectos de ley vinculados a justicia y seguridad que impulsa el Ejecutivo bonaerense chocará nuevamente con el rechazo de la mayoría de las bancadas opositoras, que ayer adelantaron que no acompañarán el tratamiento de las iniciativas. Se trata de propuestas para modificar la composición del Tribunal de Casación Penal, flexibilizar el régimen de excarcelaciones y crear un cupo laboral en el Estado para ex detenidos.

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Legisladores de los bloques de la Coalición Cívica, el Gen y Unión Celeste y Blanco anunciaron ayer que no prestarán apoyo para el tratamiento de los proyectos por no contar éstos con dictámenes de las comisiones. Así, el Frente para la Victoria deberá aceitar negociaciones con otras bancadas para obtener la mayoría simple que le permita sancionar las leyes.

El apuro del oficialismo en torno a estos proyectos responde a un pedido expreso que en ese sentido les transmitió el gobernador Daniel Scioli hace algunas semanas a los presidentes de los bloques de senadores y diputados del Frente para la Victoria, Osvaldo Goicoechea y Raúl Pérez. Tras esa demanda, el oficialismo buscó en la última sesión de la Cámara baja tratar las iniciativas, que ya cuentan con aprobación del Senado, pero el intento no fue acompañado por la oposición, que reclamó abrir una discusión en las comisiones donde fueron ingresadas.

RESISTENCIAS

"Los proyectos fueron incluidos en el orden del día de la sesión del jueves (por mañana) con una moción de preferencia. Nosotros tenemos un compromiso político para que todas las leyes cuenten con despacho (de las comisiones). No sé si el oficialismo lo va a cumplir, pero nosotros nos vamos a oponer", adelantó ayer el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Walter Martello.

La postura es compartida por el denarvaísmo. "Pedimos que tengan despacho de las comisiones. Son proyectos muy importantes y que requieren ser estudiados en profundidad. Por eso creemos que habría que tratarlos después de las elecciones, porque no se puede condicionar a un futuro gobierno con cambios estructurales de este tipo", señaló Ramiro Gutiérrez, titular de la bancada de Unión Celeste y Blanco.

El complejo panorama legislativo para los tres proyectos se suma a la polémica que generaron las medidas propuestas por el Ejecutivo en el Poder Judicial. La controversia, en ese sentido, está centrada en la iniciativa que dispone la descentralización del Tribunal de Casación Penal bonaerense y la creación de nuevas salas, una medida que despertó fuertes rechazos en la mayoría de varios de los propios jueces de la Casación y que también generaría resistencias en otros ámbitos de la Justicia.

Ayer, el que disparó fuertes críticas contra la iniciativa fue Martello, quien dijo que la reforma al Tribunal de Casación que propone introducir el Ejecutivo provincial "es otro avance del FpV sobre la Justicia". Y afirmó que la modificación "es búsqueda de impunidad y afecta el derecho humano de igualdad de todas las personas ante la ley".

Para Martello, de avanzar con los cambios se atentaría contra la "independencia frente al poder político, la imparcialidad ante las presiones de los grupos de intereses y la autonomía en la elaboración de criterios uniformes, que probablemente termine en la propia Suprema Corte, como objetivo político final".

OTROS PROYECTOS POLEMICOS

Dentro de la batería de proyectos demorados en Diputados está también el que busca incluir en el mercado laboral a los liberados del Sistema Penitenciario bonaerense. La intención es que haya un cupo obligatorio en el Estado provincial y en los municipios para que los ex presos de cárceles de la Provincia puedan reinsertarse al trabajo. El proyecto apunta además a hacerse extensivo al sector privado, con beneficios impositivos para las empresas que contraten ex detenidos.

El tercer proyecto demorado también cuenta con aprobación del Senado y ataca otro de los temas sensibles en materia de seguridad: las excarcelaciones. La iniciativa plantea modificaciones en la Ley de Ejecución Penal que permiten flexibilizaciones al régimen de prisión preventiva de los reclusos. De esta forma se adecuaría la legislación bonaerense a los estándares fijados por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas receptadas por la ley nacional nº 24.660. El proyecto propone como ejes esenciales la compatibilización con el régimen nacional de todos los institutos relacionados con la extensión, consistencia o modalidad de cumplimiento de la pena.