“Gozar de una vivienda digna y de un hábitat adecuado por parte de todos los seres humanos constituye un derecho universalmente consagrado – detalla en sus fundamentos el proyecto presentado por Ibarra – No obstante, la vivienda constituye actualmente más una mercancía que un bien social, se configura más como una reserva de valor sometida a la especulación económico-financiera que como un bien a través del cual se da cumplimiento a un derecho”.

El proyecto de Ley de Regulación de Locaciones Urbanas de autoría del diputado Aníbal Ibarra y que acompañan sus compañeras de bancada, María Elena Naddeo y Susana Rinaldi, busca regular los contratos de locación promoviendo la intervención activa del Estado local, en todas las instancias de su materialización.

Propone entre otras cosas: Fijar pautas de valor; duración (tres años como plazo mínimo) y seguridad jurídica del contrato de alquiler al crear dentro del Instituto de la Vivienda un régimen de Protección de Inquilinos y el Registro de Contratos y de Inmuebles, supervisada por una nueva Dirección de Viviendas Alquiladas dependiente de dicho instituto. También establece un gravamen para viviendas ociosas, con el objetivo de promover su incorporación al mercado inmobiliario. Además, en caso de que exista intermediario establece que la comisión no supere el monto de un mes de alquiler y que dicha comisión sea pagada en partes iguales por inquilino y propietario.

Asimismo crea el Fondo de Locaciones Urbanas para Vivienda Única, con el objetivo de otorgar garantías a los inquilinos en respaldo a las obligaciones con los propietarios (a título oneroso o gratuito). Y subsidia hasta el 50% del contrato el primer año de alquiler a los inquilinos que nunca hayan alquilado un inmueble. También auxilia a los desalojados por un plazo de 180 días hasta regularizar su situación.