El caso de los trabajadores indocumentados y los menores que eran explotados en una finca de Santa Rosa, desató no sólo repercusiones mediáticas y medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo, si no también una serie de iniciativas para evitar la trata de personas en todos sus aspectos.

En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Social está elaborando un proyecto que será presentado entre hoy y mañana para que, por ejemplo, el Gobierno pueda presentarse como querellante en las causas.

De este modo, esperan concientizar a la población acerca de la importancia de realizar denuncias, ya que esta es la mejor forma de desbaratar la red de protección que se impone con el silencio.

Regulación internacional

En diciembre de 2000 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron la definición de ‘trata’, que surge del Protocolo de Palermo, para prevenir, reprimir y sancionar la trata que la delincuencia organizada trasnacional comete.

En este sentido, realizaron una tipificación de las diferentes formas de trata y la categoría en que se encuentra nuestro país.

En primer lugar se encuentra el trabajo por endeudamiento, que es el modo más difundido de esclavitud. Consiste en exigir el pago de una deuda por medio del trabajo, cuyos términos y condiciones no son especificados, por lo que se le van sumando ‘deudas’ y el trabajador termina debiendo más que al principio.

El segundo es el trabajo forzado, cuando se obliga a una persona a ejecutar una tarea en contra de su voluntad, bajo amenazas y violencia. Las formas de trabajo forzado pueden consistir en servidumbre doméstica, como niñeras o mucamas; trabajo agrícola, fabril, o en el sector de servicios de limpieza; hotelería y gastronomía, otras labores del sector de servicios, e incluso, la mendicidad.

Por último, se encuentra el trabajo de menores, que además es potencialmente peligroso para la salud y desarrollo psíquico, mental, espiritual, moral y social de los niños. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), estima que en el mundo existen 246 millones de niños explotados con edades que oscilan entre los 5 y los 17 años, y son sometidos a servidumbre por endeudamiento, reclutamiento forzoso, comercio ilegal de armamento, prostitución, pornografía, tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas.

En Mendoza

Según datos oficiales, en nuestra provincia cada cuatro allanamientos por denuncias se constata una infracción por trata laboral. Sin embargo, ningún empresario o propietario de terrenos donde se encuentran los trabajadores terminó ante la Justicia.

Por este motivo, desde el Ministerio de Desarrollo Social adelantaron la presentación en los próximos días de un plan provincial contra la trata.

En diálogo con Ciudadano, la subsecretaria de Derechos Humanos, María José Ubaldini, explicó que no podía dar detalles al respecto, ya que se espera el anuncio oficial para hoy o mañana. Sin embargo, confirmó la iniciativa del Gobierno en este sentido.

La gota que colmó el vaso

La presentación realizada por el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Guillermo Elizalde, ante el Fiscal Federal Fernando Alcaraz por “trata de personas por explotación laboral", como resultado de la inspección realizada por la Subsecretaría de Trabajo en una finca de Santa Rosa, el jueves 16, impulsó las nuevas medidas.

En esa oportunidad, la inspección se realizó en la finca perteneciente a Gipsyes SA ubicada en la calle Suárez sin número, en Santa Rosa. Allí, los inspectores encontraron trabajando a un niño de 12 años, tres de 15 y cinco de entre 16 y 17 años sin autorización.

Además, había un bebé de 9 meses y dos niños de 2 y 5 años que acompañaban a sus padres en las hileras de viñedos mientras ellos cosechaban. Esta empresa, que tiene antecedentes por infracciones anteriores, hacía permanecer a 45 personas en una pequeña casa que no posee agua potable ni electricidad y los baños se encuentran en pésimas condiciones. Además, los obreros no contaban servicio médico.

Los inspectores encontraron también veinte niños en un galpón sin las mínimas condiciones de higiene y seguridad.

Por último, tuvieron conocimiento de que a cada trabajador se le pagaba 2,50 pesos el tacho de uva, cuando el precio establecido es de cuatro pesos.