Como se recordará, la situación comenzó a agravarse a partir del mes de noviembre, cuando el gobierno, a través de una ley que aprobó la legislatura puntana, definió un nuevo destino para los subsidios que tienen como fin específico mantener la tarifa del boleto de los colectivos que hagan un recorrido de hasta 60 kilómetros, aportando desde el Estado fondos para el salario de los choferes.

Con el instrumento legal en la mano -a contrapelo de la legislación nacional- la Provincia en un descarado operativo para sacarse de encima a la UTE Santa Fe Recreo, ligada a la familia del kirchnerista Agustín Rossi, cobró abultadas multas a la prestataria del servicio urbano de la ciudad de San Luis.

La denuncia ante el órgano nacional competente derivó en pedidos de rendiciones de cuentas a la Provincia que el Ejecutivo local no cumplimentó debidamente y los fondos fueron suspendidos.

Esto generó una situación delicada en las empresas -incluso la propia SAPEM municipal de transporte: Transpuntano- que hicieron trastabillar sus números.

La situación conflictiva la terminaron pagando primero los trabajadores del volante, a quienes se les adeudan cifras mayores a los cuatro mil pesos, pero de manera indirecta con los paros como el de la semana pasada, toda la ciudadanía, ya que las medidas de fuerza repercuten directamente sobre las actividades económicas de todos.

Ahora la UTA ha notificado con la debida antelación un paro por 48 horas que se llevará a cabo el lunes y martes venidero.

La Provincia no parece estar dispuesta a derogar la disposición que originó el conflicto y, por si quedaran dudas, hace un tiempo se presentó ante la Corte Suprema reclamando que le de la razón en la controversia.