Se instrumenta una nueva modalidad, la cual contará con una primera visita informativa y de concientización a comercios, reiterándoles la importancia de cumplir con la normativa.

En esa instancia se procederá también a informarles sobre deudas o inconsistencias obrantes en los datos del Padrón del Contribuyente.

Posteriormente, se efectuará una segunda visita en la que se instrumentará un control de facturación que incluye relevado de ventas en mostrador, lectura de controlador fiscal, cortes de comprobantes y análisis de la regularidad en la emisión de comprobantes válidos, entre otros.

Ferrari recordó que los recursos con los que se maneja el Estado para hacer frente a todos sus gastos, devienen justamente del cobro que hace de los impuestos. Por ende, “es preciso que todos los comerciantes emitan la factura correspondiente ante cada transacción”. Además anunció que desde el organismo “se hará hincapié en esta situación” e inclusive comenzarán a trabajar en “una campaña con todos los consumidores para que empiecen a exigir la factura”.

Por último, señaló que los controles se realizarán durante el transcurso del año y continuarán con un seguimiento por parte del cuerpo de Inspectores del Departamento de Inspecciones y Verificaciones. Estos contarán con herramientas tecnológicas que les permitirá visualizar información en línea al momento de la visita, posibilitando una evaluación integral y acelerando el procedimiento de control.

Analizarán reforma

civil y comercial

A partir de la creación de una comisión bicameral para la reforma del Código Civil y Comercial, que constituirá uno de los cambios jurídicos estructurales más importantes de las últimas décadas, el senador Gerardo Morales anticipó que la UCR en Jujuy trabajará con diversos equipos técnicos para analizar las modificaciones propuestas y aportar al proceso de debate.

Asimismo, señaló que se prevé audiencias públicas en diversos puntos del país y resaltó que buscará que una de esas audiencias se realice en Jujuy para que las instituciones y la comunidad puedan expresarse sobre temas que tendrán un alto impacto.

Los equipos técnicos de Jujuy trabajarán en articulación con los equipos técnicos que funcionarán en Buenos Aires.

“Estamos asumiendo el desafío de analizar cambios profundos que se producirán en materia de derecho de familia, sucesiones, matrimonios, contratos, sociedades comerciales, propiedad indígena comunitaria etc.

Todos temas que tienen que ver con la vida de los argentinos y que por ello mismo deben ser objeto de un debate en la sociedad”, apuntó.

Indicó que los equipos técnicos desarrollarán un análisis jurídico y un proceso de intercambio y consulta con las organizaciones de la sociedad civil para nutrir con sus aportes el proceso.

PROYECTO DE PARTICIPACION COMUNITARIA

Audiencias para evaluar

estudios ambientales

El diputado provincial Pablo Baca advirtió que es necesario fortalecer la participación comunitaria en los procesos de autorización de proyectos (mineros, industriales, de infraestructura, viales, etc.) que puedan producir impactos sobre el ambiente y volvió a insistir con la necesidad de satisfacer el derecho a la participación en instancias como audiencias púilicas donde la ciudadanía pueda expresarse en torno a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

El legislador presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que corresponda, garantice la debida difusión de los estudios de impacto ambiental de los proyectos sometidos a evaluación, a fin de que los mismos puedan ser consultados por los interesados que quieran formularle observaciones. En la misma iniciativa requirió que se lleven a cabo audiencias públicas con el objeto de someter los proyectos a consulta de la comunidad involucrada.

Hace referencia a la importancia de promover acciones tendientes a generar la conciencia y la participación de los ciudadanos en las actividades de preservación, defensa y mejoramiento del ambiente.

Observó el diputado radical, que “todavía no se dio acabado cumplimiento de la Ley Nº 5.063 General de Medio Ambiente” y añadió que “hay, en realidad, una brecha entre lo que se prevé normativamente y lo que efectivamente se cumple”.

Puso de relieve que “a pesar de las declaraciones que se efectúan desde las más altas autoridades del Ejecutivo en el sentido que los proyectos de distinto tipo que se autorizan en ese ámbito, serán cuidadosos del ambiente, en realidad no existe garantía de que vaya a ser de ese modo, desde que no se garantizan los instrumentos y procedimientos necesarios”.

En lo que hace, específicamente, a los instrumentos de la política ambiental, recordó que “no se llevó a cabo un Ordenamiento Territorial integral” y añadió que “tampoco se implementó un sistema provincial de información ambiental que gestione y recopile la información que tenga por objeto la protección, preservación, conservación, defensa y mejoramiento del equilibrio ecológico, de los recursos naturales y del ambiente en general”.

Por otra parte, el titular de la Comisión de Ecología de la Legislatura, observó “deficiencias en los trámites de evaluación de los estudios de impacto ambiental”. “Estos estudios -prosiguió- son de máxima importancia, pues, a través de ellos, se persigue identificar, interpretar, prevenir, evitar o disminuir las consecuencias o efectos que tengan, sobre los elementos que integran al ambiente natural y humano, los proyectos de obras o actividades públicas o privadas”.

Dijo que en estos procedimientos “no se da cumplimiento a lo dispuesto por ley, que establece la necesidad de asegurar la debida difusión de los estudios de impacto ambiental de los proyectos sometidos a evaluación, a fin de que los mismos puedan ser consultados por los interesados que quieran formularle observaciones”.

La misma norma también prevé la celebración de audiencias públicas con el objeto de someter el proyecto a consulta de la comunidad involucrada, “lo que tampoco se lleva a cabo”, acotó por último.