El titular del bloque de diputados de Nuevo Encuentro, Adrián Grana, presentó una iniciativa para regular y transparentar la designación del Fiscal de Estado bonaerense y consideró que "el fiscal de Estado es quien debe defender los intereses de la Provincia, es un cargo que debe ser ocupado por una persona intachable”.

El legislador dijo que “hay que transparentar este tipo de nombramientos: un cargo vitalicio no puede ser decidido sólo por el Gobernador”.

La decisión de Grana se da luego que surgieran rumores que indican que el gobernador Scioli pretende ubicar en el cargo de Fiscal de Estado al actual ministro de Seguridad, Ricardo Casal, para ocupar el lugar del recientemente fallecido Ricardo Szelagowski.

“Estamos buscando que la Provincia adopte un mecanismo similar al que utilizó Néstor Kirchner para transparentar la designación de los integrantes de la Corte Suprema de la Nación", explicó el legislador y añadió: "ese mecanismo posibilitó que la instancia superior de la Justicia a nivel nacional se renueve y recupere no sólo su legitimidad sino también su autoridad. Si la Provincia incorpora este procedimiento, significará un avance en mejorar la institucionalidad".

La iniciativa presentada por Nuevo Encuentro busca regular el procedimiento para la elección del Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires vacante, para limitar la discrecionalidad política y permitir las opiniones y las observaciones de la ciudadanía, de las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas.

A su vez incorpora dos instancias de audiencias públicas que serán presididas por las autoridades de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, con un rol central en la confección del dictamen que deberá ser elevado a la Cámara Alta provincial para su tratamiento.

También prevé que sean publicados en el Boletín Oficial y en dos diarios los antecedentes del postulante, además de una declaración jurada con los bienes familiares y una complementaria con las relaciones comerciales e institucionales que realizó en los últimos cinco años, cuya finalidad es la evaluación objetiva de incompatibilidades o conflictos de intereses.