El presidente de la Comisión Redactora del Código de Procedimiento Penal de Corrientes, Jorge Buompadre, advirtió que esa norma -que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados- está "en peligro de muerte".

Cuando parecía que el camino estaba expedito también en el Senado para convertir en ley el proyecto cuyo análisis y confección lleva ya más de seis años, de repente una objeción del Gobierno en torno al funcionamiento de la Policía Judicial puso la iniciativa en el frezzer.

Lo curioso es que varios representantes de oficialismo -por ejemplo, el diputado provincial Manuel Aguirre- impulsaron con entusiasmo el proyecto, que ahora encuentra un freno por la acción de las mismas usinas gubernamentales.

En una extensa nota, el doctor Buompadre se lamenta que el proyecto haya pasado "a mejor vida" y que "nuevamente, un trabajo de varios años" esté al borde del abismo.

La dilación, en la mirada crítica de Buompadre, deja en vigencia "una justicia lenta, burocrática y costosa, que tantos problemas ha generado (y aún genera)". Se trata de un "viejo sistema procesal que se mantiene en vigencia desde hace más de cuarenta años".

El proyecto pudo alcanzar media sanción legislativa y trámite parlamentario en el Senado provincial (ver página 6), "pero tormentas inesperadas impidieron -hasta ahora- su sanción definitiva", indica el penalista.

DISPUTA POR LA POLICÍA

Algunos problemas surgieron en medio del camino. El Ministerio de Gobierno de la provincia formuló algunas objeciones al proyecto, específicamente orientadas a introducir algunas modificaciones en el Capítulo II del Título IV, dedicado a la "Policía Judicial", circunstancias que dejaron al nuevo sistema procesal penal al borde del precipicio y ante el peligro de perderse (y olvidarse) en los vericuetos del poder.

¿Cuáles son las objeciones que formuló el Poder Ejecutivo? Básicamente considera que el proyecto es poco claro en la distribución de roles, competencias y funcionalidad de la policía judicial, ya que no distingue acabadamente de quién depende orgánica y funcionalmente, si del Poder Judicial (Superior Tribunal de Justicia o Ministerio Público Fiscal) o del Poder Ejecutivo.

Aparentemente, desde el Ministerio de Gobierno temen que la fuerza policial quede en manos del Fiscal General. Por ello, desde esa dependencia gubernamental se proponen modificaciones al texto.

Empero, el vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNNE considera que tales propuestas son "inviables e impracticables con el nuevo modelo de enjuiciamiento penal que proponemos". Tras varias consideraciones, dice que el texto como el propuesto por el Gobierno dejaría en manos de la policía decidir el momento y el plazo de la incomunicación "sin conocimiento judicial", ya que únicamente se presentaría esta obligación (poner en conocimiento del juez) cuando se decida la "prolongación" de la incomunicación.

"Una legislación de este tipo implicaría una regresión inaceptable a etapas inquisitivas y autoritarias, reñidas con las más elementales normas que reconocen los derechos y garantías del imputado contenidas en la normativa constitucional y supraconstitucional actualmente en vigencia", observa Buompadre.

Una nota completa de Buompadre al respecto, será reproducida en la edición de este sábado.